Santiago. El presidente Sebastián Piñera decretó hoy el Estado de Emergencia en cuatro de las siete provincias de la "macrozona sur" del país, que abarca las regiones del Biobío, de la Araucanía y de Los Ríos, donde tiene lugar el denominado "conflicto mapuche" con el estado chileno por la recuperación de tierras ancestrales y la obtención de autonomía.

La decisión afecta a las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, que suman 52 mil kilómetros cuadrados, y se prolongará durante 15 días prorrogables e implica que "las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones, así como de apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en la zona".

Piñera prácticamente admitió el desgobierno que prevalece cuando justificó que "este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos”, sin mencionar las aspiraciones de los mapuche.

Según él "la grave situación requiere que el Estado haga uso de los medios y capacidades institucionales y los mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el Orden Público y el Estado de Derecho y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos".
La decisión se da en un contexto de franco deterioro gubernamental en todo sentido, con casi 80 por ciento de rechazo y apenas 15 por ciento de aprobación, en medio de un paro de camioneros que presionaba por la intervención de los militares, al igual que los partidos oficialistas.

En la macrozona el orden público está fuera de control, las ocupaciones de predios y las violentas acciones de reivindicación mapuche (ataques armados, quema de camiones, maquinaria forestal y agrícola, incendios en haciendas forestales y agrícolas, corte de carreteras y caminos, etc.) ocurren a diario; las policías y las autoridades políticas han sido rebasadas y carecen de capacidad para garantizar el estado de derecho, ampliamente vulnerado.

Simultáneamente, Piñera es investigado judicialmente como imputado por potenciales delitos tributarios, cohecho y soborno relacionados con negocios familiares en paraísos fiscales -la venta del 33 por ciento de acciones de un proyecto minero, durante su primer gobierno (2010/14), condicionada a no declarar protegida medioambientalmente la zona donde estaría la minera-; incurriendo en sus recurrentes conflictos de interés, mezclando negocios y política.

Relacionado con lo anterior, el gobernante enfrentará desde esta semana una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, acuerpada mayoritariamente por la oposición, que podría significar su suspensión en el cargo y posteriormente, a su paso por el Senado, la destitución.

Todo lo anterior en un contexto de elecciones presidenciales y legislativas el 21 de noviembre, donde la candidatura oficialista, un ex ministro de Piñera, figura desplomada en el cuarto lugar con apenas 10 por ciento de la intención de voto.

No es la primera vez que el gobierno avanza hacia la militarización del conflicto. En febrero pasado anunció que el ejército se sumaría al patrullaje conjunto, que haría coordinación estratégica con las policías y que dispondrían de puestos de mandos conjuntos; sin ningún resultado práctico en cuanto a desescalar la violencia. La diferencia ahora está en la dictación del estado de excepción constitucional, en virtud del cual se pueden restringir las libertades de movilización y reunión, junto a la designación de jefes de la defensa nacional que asumen el mando de las fuerzas armadas y de orden.

En el Biobío, la Araucanía y Los Ríos se suceden acciones de resistencia indígena desde hace dos décadas, las cuales aumentaron exponencialmente en los últimos años, buscando prioritariamente expulsar la presencia de grandes empresas forestales que controlan 4 millones de hectáreas, cuyos bosques nativos fueron arrasados y reemplazados por plantaciones de pino y eucaliptus.

Los territorios mapuche, desconociendo Chile pactos de coexistencia pacífica suscritos en 1825, fueron invadidos a mediados del siglo 19 por tropas militares que asesinaron a destajo y se apoderaron de las tierras. Estas fueron entregadas a inicios del siglo 20, colonos europeos que formaron latifundios y que tras el golpe militar de 1973 pasaron a propiedad de conglomerados forestales que las explotan a destajo.

Los mapuche son más de dos millones, alrededor del 12,7 por ciento de la población del país. Pese a ello, no son reconocidos como pueblo originario -al igual que ninguno de los otros diez existentes en el país- , sino como etnia; tampoco la educación ha sido sobre la base de la interculturalidad, lo cual ha derivado en racismo y exclusión.