Ciudad de México. En años recientes, a nivel global, los siniestros han ido en aumento por la mayor exposición a amenazas y por los procesos de urbanización e incremento de la vulnerabilidad y México no es la excepción, asegura Naxhelli Ruíz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales.
Indica que en el país, de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, durante 2020 como parte de los daños y pérdidas, la población afectada por fenómenos climáticos fue de 858 mil 735 personas, 255 mil 954 viviendas, 606 escuelas y 32 hospitales; de 2017 a 2020 se registraron 2 mil 392 defunciones debido a sismos.
En ocasión del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, establecido por la ONU el 13 de octubre, la ganadora del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (2019), comenta que México es un país con alta exposición a amenazas, porque se ubica en una zona de trópicos donde se registran fenómenos hidrometeorológicos de diferentes tipos e intensidades. “Eso no necesariamente representa un problema, sino tener entidades con indicadores de desarrollo social precarios, como ocurre en el sur de México, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero; eso se va a reflejar en los impactos materiales, sociales y culturales de los desastres”.
Explica que en nuestro territorio se da una combinación de problemas en términos de ingresos y asentamientos que señalan grandes desigualdades urbanas, como lo ocurrido en el cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, o las inundaciones dinámicas (como un caudal) en Ecatepec, porque la lluvia no se puede infiltrar debido a que los asentamientos sellan el suelo. “Detrás de esos desastres hay una forma problemática de ocupación de la ciudad, que muestra problemas políticos y de regulación jurídica y que data de muchos años”.
Prácticamente es imposible atribuirles que obedecen a una sola causa; ocurren por una combinación de factores que normalmente se relacionan con problemas de desarrollo social y con decisiones referentes al territorio que muestran falta de progreso o adopción de alertas tempranas, fallas en las políticas públicas o de la coordinación institucional para que no ocurran; y si suceden, se debe procurar la recuperación rápida e integral, con mecanismos financieros y procesos de participación claros.
Las estrategias nacionales, recomienda Ruíz Rivera, deben enfocarse en la prevención y la reducción del riesgo porque hasta ahora la mayor parte se centra en preparar la respuesta y responder. “Casi todos los esfuerzos son para establecer qué se va a hacer si hay una alerta. La gente se prepara para la respuesta ante un evento”.
Pero esa es sólo una fase de un gran proceso; debemos trabajar más en las causas de fondo, hacer planeación urbana o metropolitana y reducir la desigualdad. Se requiere una gestión integral de riesgos, multisectorial y multiactoral, donde cada sector tiene algo que aportar. Los ciudadanos, por ejemplo, deben acercarse a las unidades municipales de protección civil e informarse, participar en simulacros, y exigir atlas de riesgos públicos, transparentes y comprensibles.
Este año el tema de la conmemoración es “Cooperación internacional para que los países en desarrollo reduzcan su riesgo de desastres y sus pérdidas por desastres”. En ese sentido, el mensaje final es que todos tenemos un papel que jugar para la reducción de riesgos. Lo importante es cooperar para una adecuada toma de decisiones; poner a disposición la información pública y a partir de ella y de la evidencia, lograr las discusiones necesarias para alcanzar la meta de reducir los daños y las pérdidas por desastre, concluye Naxhelli Ruíz Rivera.
