La Paz. Mientras que la oposición boliviana bloqueó este lunes las calles en las principales ciudades del país para protestas contra el gobierno del presidente Luis Arce, el mandatario reiteró que sus adversarios buscan crear condiciones "para un golpe de Estado".
La policía respondió dispersando a pequeños grupos de manifestantes en La Paz y Cochabamba (centro) con gases lacrimógenos, a un mes de que el mandatario cumpla un año en el cargo.
Arce enfrenta las primeras protestas contra su gestión, por parte de opositores que lo acusan de impulsar juicios políticos y buscar aprobar una draconiana ley de investigación de fortunas.
Las principales manifestaciones se registraron en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz (este), las más pobladas del país, y Tarija (sur).
La Paz registró una nutrida marcha de sindicatos de comerciantes al menudeo, que aunque no forman parte del bloque opositor, rechazan la "Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo", en discusión en el Parlamento.
En el centro de la ciudad, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la policía hizo uso de gases lacrimógenos para dispersar un cierre de avenidas, y también se registraron amagos de choques callejeros con grupos oficialistas, sin reportarse heridos.
En Cochabamba la policía también disparó gases antidisturbios, y detuvo al menos a dos personas. En Santa Cruz, bastión de la oposición de derecha, hubo una paralización casi total de la ciudad.
En las tres ciudades el transporte público fue exiguo, aunque la banca privada y la administración pública operaron con normalidad.
El jefe de la policía, Jhonny Aguilera, reconoció que en las regiones de "Cochabamba y Santa Cruz" hay "bloqueos esporádicos que están siendo monitoreados", mientras el ministro de Gobierno (Interior) aseguró que en el resto de los siete departamentos "existe absoluta normalidad".
Oficialismo alerta sobre "golpe de Estado"
El presidente Luis Arce, de 58 años, reprochó en un evento público las movilizaciones de los opositores que - según él - pretenden desestabilizar su administración.
"La conspiración antidemocrática no ha sido definitivamente derrotada con las elecciones del año pasado. Vuelve a alzar la cabeza, promoviendo disturbios y la desunión entre bolivianas y bolivianos, para crear las condiciones de un nuevo golpe de Estado", aseveró.
El oficialismo asegura que el exmandatario Morales sufrió un golpe en noviembre de 2019, en medio de una convulsión social que dejó 37 muertos y lo llevó a dimitir.
Arce, quién ganó las elecciones con 55 por ciento de los votos a favor, llamó a los pueblos del mundo "a estar alertas, porque la lucha de un pueblo es la lucha de todos los pueblos". El oficialismo ha denunciado varias veces ser víctima de afanes desestabilizadores.
El criticado proyecto de ley, que discute el Parlamento de mayoría oficialista, permitiría al gobierno investigar el patrimonio de cualquier ciudadano sin orden judicial, y obligaría a abogados y periodistas a revelar información de clientes, entre otros aspectos.
El abogado constitucionalista William Bascopé señaló a la AFP que según el texto propuesto los bienes de todos los ciudadanos quedan bajo sospecha, en contradicción con la "presunción de inocencia" que debería prevalecer.
Los manifestantes denuncian además una "persecución política", debido a los juicios penales que se adelantan contra la ex presidenta Jeanine Áñez (2019-2020), los alcaldes de La Paz, Iván Arias y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002).
El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ha llamado a realizar caminatas en todas las ciudades del país el martes y ha pedido al presidente Arce encabezarlas.
