Guadalajara, Jal. La desaparición el pasado 22 de septiembre de seis wixaritari, cuatro de ellos encontrados asesinados en Monte Escobedo, Zacatecas, hizo que las comisiones de Derechos Humanos de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango emitieran este lunes un pronunciamiento conjunto para visibilizar “la situación de violencia, inseguridad y amenazas que se vive en las zonas limítrofes de estos estados”.
“Las comunidades wixaritari asentadas en Mezquitic y Bolaños, Jalisco, al igual que poblaciones de esa región como Monte Escobedo y Valparaíso, Zacatecas, se encuentran en una situación de riesgo por la presencia de grupos fuera de la ley, los cuales se han ido incrementando pese a que se han realizado pronunciamientos en torno a la falta de seguridad pública en la región y solicitado a los gobiernos federal, estatales y municipales el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación para proteger a quienes habitan y transitan por esos territorios”, dice el pronunciamiento.
El llamado “enérgico y urgente” de nuevo se dirigió a las autoridades de seguridad pública federal, estatales y municipales “para que de manera inmediata promuevan una coordinación efectiva entre los cuerpos de seguridad de los distintos niveles de gobierno, que permita restablecer la paz y seguridad ciudadana de las personas que viven en esa región, bajo el entendimiento de que la protección de la ciudadanía por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de las instituciones, las leyes y los derechos humanos”.
Las defensorías pidieron una intervención de las autoridades bajo un enfoque diferencial y especializado, aplicando protocolos de actuación legalmente establecidos cuando están involucrados los derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.
Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco reveló que la presencia criminal en esa región ha aumentado de tal manera que personal adscrito a la defensoría en la zona wixárika ha tenido que resguardarse hasta dos días debido a los retenes y amenazas del crimen organizado.
“El pasado 5 de octubre los titulares de las comisiones de Nayarit, Zacatecas y Jalisco nos entrevistamos con el fiscal general (Alejandro Gertz Manero) y la exigencia fue la búsqueda de los compañeros wixaritari. Se giraron instrucciones para ampliar el polígono de búsqueda pero no se han localizado dos de ellos, que bajo el principio de presunción de vida deben seguirse buscando”, dijo.
Ese polígono territorial está desde hace meses en disputa entre los cárteles de Sinaloa y de Jalisco, lo que ha provocado cientos de asesinatos no sólo entre sus integrantes sino también entre la población civil e indígena. En el caso de los seis wixaritari desaparecidos en septiembre, entre los cuatro encontrados muertos está un menor de edad y otro también menor de edad sigue desaparecido.
“Incluso cuando fueron a entregar uno de los cuerpos de los wixaritari asesinados, una de las carrozas tuvo complicaciones para el acceso (al ser detenida por un retén ilegal). Hoy se tiene que transitar con luz del día, porque más allá de las 5 de la tarde ya no es recomendable”.
Hernández Barrón dijo que no sólo los wixaritari han sido afectados por el trasiego de drogas y la circulación de convoyes de grupos armados por caminos y carreteras, sino otras comunidades indígenas como la tepehuana, en especial la localizada en San Lorenzo Azqueltán.
