La Paz. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), rechazó una solicitud de medidas cautelares a favor de la detenida ex presidenta golpista de Bolivia Jeanine Áñez, según una carta difundida este viernes por el gobierno de la nación andina.
Áñez, en prisión preventiva desde marzo acusada de participar en un golpe de Estado contra su predecesor Evo Morales, se autolesionó el 21 de agosto en la cárcel.
“El expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado", indica la carta enviada por el gobierno a la agencia de noticias Afp y firmada por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum.
La misiva, enviada al gobierno del presidente Luis Arce, delfín de Morales, y fechada el 7 de octubre, insta al Estado boliviano a que "continúe garantizando las condiciones dignas de detención" de la exmandataria de 54 años y pide que se mantengan "las visitas y el acompañamiento permanente de sus familiares".
La defensa de Áñez había solicitado las medidas cautelares a fines de agosto, señalando "amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de la vida e integridad personal de la exmandataria".
Los abogados también denunciaron "la falta de acceso a un tratamiento médico adecuado (...) para restablecer su estado de salud".
El canciller boliviano, Rogelio Mayta, celebró la respuesta de la CIDH y afirmó que "no ha estado en riesgo en ningún momento la vida de la señora Jeanine Áñez por alguna conducta de la institucionalidad boliviana".
La CIDH emite medidas cautelares para que un Estado proteja a una persona cuando considera que está "en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable".
Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, después de que Morales renunciara tras perder el respaldo de mandos militares y policiales en medio de una fuerte convulsión social, que se produjo tras la publicación de un informe de la OEA que le acusaba de haber hecho fraude en las elecciones de octubre de ese año para continuar su mandato hasta 2025.
Ella dejó el poder en noviembre pasado tras nuevos comicios en los que resultó electo Arce, y en marzo fue detenida. Algunos de los cargos en su contra son genocidio, sedición, terrorismo y conspiración.
Un informe presentado el 18 de agosto por expertos independientes contratados por la CIDH señala que Bolivia debe revisar la existencia de "tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes", para evitar su utilización "de manera arbitraria".
