Ciudad de México. José de Jesús Franco López, ex coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), confío que si la Fiscalía General de la República (FGR) solicita de nuevo órdenes de aprehensión contra 31 investigadores por presuntos delitos cometidos con recursos públicos, el juez aplique el mismo criterio por el cual la petición se ha negado en dos ocasiones.

"Si ya tenemos antecedentes pues habrá que esperar que cualquier otro juez que reciba lo mismo, ya tenga la jurisprudencia (criterio) establecida anteriormente".

Al salir de comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde permaneció hora y media, señaló que ha recuperado la confianza en el Poder Judicial, luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien manifestó "que el Foro Consultivo habría obrado de forma legal, había recibido fondos de manera legal lo cual pone en claro esa parte.

Posteriormente el juez de control cuando se piden las órdenes de aprehensión pues las negó, porque no vio que hubiera la razón penal para poder emitir eso, lo cual pues también nos dio muchísima confianza".

Añadió que rendirá su informe por escrito una vez que la FGR le otorgue la versión digital de la carpeta de investigación. "Yo creo que todos ustedes al igual que yo hemos vivido en un país donde el sistema judicial no ha sido visto con buenos ojos, y en esta experiencia que estamos viendo, nosotros estamos recuperando una buena visión del sistema judicial mexicanos y espero que eso se mantenga".

"El día de hoy la situación está en un punto muy diferente y pues tenemos que ver con detalle lo que dice la carpeta para poder brindar las pruebas. Tengo confianza de que una vez que se brinde lo que se requiera para aclarar esto, pues no va haber ningún delito que perseguir".

A principios de octubre, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, estado de México, negó en definitiva a la FGR girar órdenes de captura contra varios colaboradores de instituciones académicas por presuntos delitos cometidos por el uso indebido de recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En ese entonces, el impartidor de justicia consideró que el mandamiento no se ajusta a los tipos penales, ya que los académicos sí tenían facultades para recibir el dinero y administrarlo con base al artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

La carpeta de investigación abierta contra los científicos fue iniciada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y comprende la posible comisión de ilícitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada.