Washington. Congresistas estadunidenses están listos para responder a los Papeles de Pandora con una legislación histórica que tomará medidas enérgicas contra los facilitadores profesionales que mueven dinero sucio para clientes corruptos, publicó ayer el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La medida bipartidista requeriría una amplia gama de intermediarios, incluidos abogados, contadores, profesionales de bienes raíces, administradores de fideicomisos, compradores de arte, asesores financieros y profesionales de relaciones públicas, para garantizar que no estén lavando los ingresos del mercado negro.

Una declaración conjunta de los representantes estadunidenses Tom Malinowski y John Curtis afirma que “las revelaciones dentro de los Papeles de Pandora son la demostración más clara hasta ahora de la amenaza histórica que representa la corrupción extranjera”, y que miles de millones de dólares de dinero sucio pertenecientes a actores adversarios están inundando Estados Unidos, afirmó el ICIJ.

La Ley de Facilitadores, el amplio proyecto de ley está inspirado en la investigación dirigida por el ICIJ sobre acuerdos secretos y activos ocultos de más de 330 políticos en unos 90 países.

Según la medida bipartidista, que se espera se dé a conocer mañana, se podría requerir que los habilitadores no sólo realicen verificaciones de antecedentes sobre el dinero que fluye hacia sus negocios, sino que también informen los fondos de origen sospechoso y cualquier otra actividad oscura a los reguladores y agentes de la ley.

Los expertos en anticorrupción señalaron que tenía sentido presentar ahora la legislación, que ha estado en proceso durante al menos dos años, porque las revelaciones filtradas publicadas por el ICIJ y sus socios de medios desde el domingo exponen muchas profesiones que la nueva Ley de Facilitadores busca regular.

El ICIJ y otros periodistas de investigación han creado la política para esta medida crítica de seguridad nacional, declaró Paul Massaro, asesor anticorrupción del Congreso. La corrupción global es una amenaza existencial para la democracia.

Los Papeles de Pandora han marcado el comienzo de un momento histórico para una respuesta política radical, agregó Josh Rudolph, miembro de finanzas malignas de Alliance for Securing Democracy en el German Marshall Fund, publica el ICIJ.

Esta es la investigación más grande sobre finanzas extraterritoriales y profundiza en una variedad de profesiones. Los proponentes del proyecto de ley se han centrado especialmente en la profesión jurídica, que dicen que durante mucho tiempo ha sido inmune al escrutinio adecuado.

Rudolph y Massaro citaron múltiples ejemplos de historias de los Papeles de Pandora para que los legisladores aprueben la Ley de Facilitadores. Más información en: https://www.icij.org/

En tanto, la Comisión Europea presentará nuevas propuestas legislativas para hacer frente a la elusión y la evasión fiscal, declaró ayer el comisario de Fiscalidad de la Unión Europea (UE), Paolo Gentiloni, ante el Parlamento Europeo.

Gentiloni dijo a los legisladores que la comisión continuará su lucha contra la evasión fiscal y propondrá nuevas normas para ampliar la información que debe intercambiarse entre las autoridades fiscales nacionales.

Añadió que la comisión presentará propuestas antes de finales de año para hacer frente al uso indebido de las empresas ficticias con fines fiscales. No dio detalles sobre esta propuesta, que lleva tiempo incluida en la agenda preliminar de la comisión, cuya publicación está prevista para el 22 de diciembre.

Afirmó que la autoridad comunitaria propondrá nuevas normas sobre la publicación de los tipos impositivos efectivos pagados por algunas multinacionales.

En respuesta a las críticas de los legisladores a la UE por haber reducido a nueve jurisdicciones la lista negra de paraísos fiscales del bloque, apenas días después de la divulgación de los Papeles de Pandora, Gentiloni comentó que la lista había logrado resultados, pero añadió que podría ser necesario revisar los criterios de inclusión en la misma. Por el momento, los criterios permiten la exclusión de casi todos los principales paraísos fiscales, incluso dentro de la UE.