Ciudad de México. ¿Con qué autoridad moral –se presentó Felipe Calderón al congreso del conservador Partido Popular en España– a decir que nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, si su secretario de Seguridad está en la cárcel?, cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y repuso que si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente.

En su conferencia de prensa, celebrada ayer en la ciudad de Puebla, respondió al ex presidente panista, quien forma parte de los 10 o 20 millones de conservadores en el país, que tienen como doctrina la hipocresía, no necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la colonia Del Valle que en las Lomas.

Tras el portazo del que fue objeto en Huachinango, cuando encabezaba una reunión para revisar el programa de apoyo a los afectados del huracán Grace, anunció que a partir del 20 de noviembre se abrirán los actos políticos públicos, con una concentración en el Zócalo, donde dirigirá un mensaje.

El tabasqueño se disculpó con Ifigenia Martínez, porque no acudirá a la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez a la sede del Senado. Dio lectura a la carta que le envió. Su inasistencia obedecerá a la convocatoria de la panista Lily Téllez: no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte al respeto y se haga un escándalo, imagínense. Pero qué necesidad, subrayó.

En una de sus respuestas abrió el tema de Felipe Calderón: cuando me dicen: es que Calderón fue a decir a España que el pedir perdón o el ofrecer perdón por los agravios cometidos a las comunidades indígenas es una cortina de humo, es para desviar la atención porque nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, imagínense eso. ¿Con qué autoridad moral, si su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel, acusado de proteger a narcotraficantes? Nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie.

Así, antes había aclarado que el pueblo de México es distinto a las clases medias y las élites, es muy respetuoso, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. El problema está arriba. Abajo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, arriba es que ya se echaron a perder por la ambición al dinero, por la ambición al poder y eso los ofusca, eso los enajena; pero la gente del pueblo está llena de bondad, hay gente buena.

Y entre esos sectores, añadió, “me pongo a pensar que mentir así, actuar con esa hipocresía, no es privativo o no es una conducta sólo de Calderón, de (Vicente) Fox o de Diego Fernández de Cevallos. No son nada más ellos, son millones que piensan así en nuestro país, es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser, es el conservadurismo, y no son pocos, son 10, 20 millones. Esto de que se tiene como doctrina la hipocresía pues está bastante extendida en sectores de la población, no necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas.

Hay más pensamiento conservador en la colonia Del Valle que en Las Lomas. No son, afortunadamente, mayoría porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento. Ya lo de Calderón pues ya está muy difícil de hacerlo cambiar, o sea, cualquier otro, ahí sí, que sigan su camino y tiene además todo el derecho.

Al comentar que su administración ha iniciado un método nuevo para atender a damnificados, porque anteriormente (los gobiernos) compraban víveres, enseres, con el programa del Fonden; había mucha corrupción, era un barril sin fondo. Ahora ya es completamente distinto, son dos etapas: el auxilio a los posibles afectados, a los damnificados, salvar a las personas. Lo más importante, el rescate de las vidas. Pasando eso viene un censo estado por estado. Se constatan las viviendas dañadas, se constatan los cultivos que fueron afectados. Entonces, a partir de esos censos se actúa. En el caso de Grace, en 40 días se entregaron todos los apoyos de manera directa a partir del censo; por ejemplo, 35 mil pesos (a cada una de las 60 mil) por vivienda dañada.