Zacatecas, Zac. En medio de la severa crisis financiera y administrativa en la que se encuentra el gobierno de Zacatecas, el mandatario morenista David Monreal Ávila hizo nuevos nombramientos de funcionarios, entre ellos, designó a Julia Arcelia Olguín Serna, como subsecretaria de Asuntos Políticos.
Ello a pesar de que esta ex funcionaria estatal tiene antecedentes penales y estuvo inhabilitada durante una década, para ejercer cargos públicos, luego de que en el año 2005 fuera acusada de incurrir en ejercicio indebido de funciones, abandono de funciones públicas, abuso de autoridad y peculado.
Julia Arcelia Olguín Serna fue funcionaria el gobierno de Ricardo Monreal Ávila (1998-2004), cuando se desempeñó como directora de Tránsito y Vialidad. Pero en el gobierno estatal siguiente, que encabezó Amalia García Medina (2004 – 2010), la Contraloría del Estado y la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas, fue objeto de imputaciones de carácter administrativo y penal.
La exfuncionaria huyó al extranjero, y la entonces Procuraduría General de Justicia de Zacatecas nunca pudo cumplimentar la orden de aprehensión que un juez liberó contra Olguín Serna. El gobierno de Zacatecas sin embargo, la inhabilitó, por diez años. Y ahora está de regreso en el gobierno.
Los problemas de Olguín Serna comenzaron en noviembre del año 2003, cuando se confrontó con la entonces precandidata a la gubernatura Amalia García Medina, quién estaba en pugna abierta contra Ricardo Monreal Ávila, porque este quería imponer como su sucesor -bajo las siglas del PRD-, a Tomás Torres Mercado, entonces su Secretario General de Gobierno.
En un mitin encabezado por Amalia García Medina en plaza de armas, una de sus simpatizantes y aliada era Susana Monreal Ávila (hermana del gobernador), quien acusó públicamente a Julia Arcelia Olguín Serna, de haberla amenazado por apoyar a la ex dirigente nacional del PRD, como posible sucesora de Ricardo Monreal Ávila, y no a Tomás Torres Mercado.
Cuando Amalia García Medina consiguió la candidatura y ganó la gubernatura en el año 2004, comenzó indagatorias contra varios ex funcionarios, entre ellos ordenó auditar a Olguín Serna, quien denunció en medios locales, ser víctima de una persecución política “por operar en su contra cuando respaldó a Tomás Torres Mercado”.
De cualquier forma, en febrero del año 2005, la entonces titular de la Contraloría del Estado, Norma Julieta del Río (actual comisionada nacional del INAI), solicitó el ejercicio de la acción penal contra la ex directora de Tránsito y Vialidad, y además ordenó su inhabilitación por 10 años en el ejercicio público, por las irregularidades detectadas:
“Realizó actos que dieron origen a una serie de observaciones que se le detallaron y se hicieron de su conocimiento, habiéndole otorgado el correspondiente derecho de audiencia, e inclusive, atendiendo a su solicitud, se le autorizó una ampliación de plazo de solventación”, para que aclarara irregularidades graves, que Olguín Serna nunca aclaró.
Paralelamente, en junio del año 2005, José Luis Aparicio de la Torre, director general de investigaciones la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas, solicitó a un juez emitiera una orden de aprehensión contra Olguín Serna, para lo cual presentó más de 150 “medios de prueba”, sobre las presuntas irregularidades de la ex funcionaria.
Sin embargo, Julia Arcelia Olguín Serna huyó del estado –presuntamente a Estados Unidos de Norteamérica-, para evitar ser detenida y encarcelada. Diez años después, en el año 2015, reapareció en Zacatecas como candidata a diputada local por el PVEM-PRI, ganó y fue legisladora en el periodo 2015-2018. Luego, en el pasado proceso electoral de junio del año 2021 –con el respaldo político del senador Ricardo Monreal Ávila-, Olguín Serna contendió por una diputación federal, por MORENA, pero no ganó.
Sin embargo, el gobernador David Monreal Ávila, la ha designado a partir de este martes, como Subsecretaria de Acción Política.
En otros nombramientos, David Monreal Ávila designó este martes a los integrantes de la Junta de Gobierno del ISSSTEZAC, con lo que se prevé, puedan realizarse los trámites administrativos para pagar sus salarios a más de 900 empleados de ese organismo administrador del fondo de pensiones y el patrimonio de 24 mil derechohabientes, y además, qué se paguen sus pensiones a 4 mil 600 jubilados y pensionados. Todo en medio del paro y toma general de oficinas gubernamentales, que realizan como protesta por la falta de pagos, los mismos burócratas