Mexicali, BC. La Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional del Congreso de Baja California, aprobó la procedencia de juicio político del alcalde Armando Ayala, solicitado por los regidores del cabildo de Ensenada.

La diputada Rocío Adame, presidenta de esta comisión, además del Grupo Parlamentario de Morena y de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo de Baja California, señaló que este asunto se resolverá conforme a derecho por la responsabilidad que tienen como representantes populares.

La decisión de procedencia del juicio político, a presentarse en el pleno el próximo jueves, se tomó con el voto a favor de seis legisladores y uno en contra. Otro legislador bonillista que acudió como invitado criticó la resolución al argumentar que se trata de un alcalde de Morena. Una diputada advirtió que los regidores denunciantes también pertenecen a ese partido político.

El 12 de agosto siete regidores ensenadenses solicitaron juicio político contra el alcalde Ayala porque el 4 de agosto éste realizó una sesión extraordinaria del Cabildo en la que se rechazó la transferencia del servicio de agua de la esfera estatal a la municipal; sin embargo, al concluirla convocó a otra sesión en la cual privilegió a quienes votaron a favor para aprobar la iniciativa del gobernador Jaime Bonilla y constituir el organismo paramunicipal Aguas de Ensenada.

En la sesión de la comisión del Congreso se estableció que los actos de ilegalidad que se le atribuyen al presidente municipal, así como al secretario del Ayuntamiento, se derivan de la mecánica procesal de las sesiones de Cabildo que culminaron con la aprobación del Organismo Operador del Agua en Ensenada, situación que impidió que el cuerpo colegiado edilicio, realizara las valoraciones de corte administrativo, financiero, institucional y operativo, a pesar que así se lo advirtieron los regidores.

Ayala justificó el asunto de “urgencia extrema”, no obstante que el Decreto 289 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de junio de 2021, le concedía plazo de 60 días para crear los organismos operadores del agua, y de 90 días para su reglamentación operativa y administrativa, pero decidió resolver el tema en cuatro minutos y sin estudios administrativos y financieros.

El acuerdo de la Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional se sustenta que con estas acciones y omisiones se atenta contra el patrimonio del municipio y causan perjuicios graves a la administración municipal y trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.