En acatamiento a una recomendación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofrecieron disculpas al joven Arturo Medina Vega, quien permaneció detenido durante cuatro años injustamente y a quien al ser aprehendido no se le respetaron sus condiciones de discapacidad para tener acceso a una justicia real en su caso.

A nombre del gobierno federal, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas reconoció que el 14 de septiembre de 2011, cuando Arturo fue detenido “le restringieron sus derechos y su acceso al debido proceso” por parte de las instancias de procuración y administración de justicia del estado mexicano. Dijo que las disculpas no sólo se ofrecían en acatamiento a organismos internacionales, sino por la convicción gubernamental de corregir abusos.

Se trata, dijo, de una resignificación de Arturo quien fue objeto de violaciones graves a sus derechos humanos. Reconoció que es necesario modificar la legislación federal y local para atender con la debida diligencia a personas con discapacidad que enfrenten este tipo de situaciones para garantizarles igualdad jurídica, entre ellas, el Código Penal Federal, la Ley de Salud, además de redoblar esfuerzos.

En su oportunidad, Judith Medina, madre de Arturo, admitió las disculpas pero consideró que es un recordatorio de que hoy muchas personas con discapacidad psicosocial o física enfrentan condiciones adversas. Urgió a que las instituciones no sólo modifiquen leyes, sino también capaciten al personal, en especial a los de primer contacto como policías y ministerios públicos. Acusó que en su momento, estos elementos se mofaron de su hijo y le impidieron tener acceso a una defensa jurídica real y en igualdad de condiciones.

Lamentó que su hijo pasará 4 años preso por este injusto tratamiento del que fue víctima en septiembre de 2011.

A su vez, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy dijo que la forma en que ocurrieron los sucesos demuestran que hay una estructura de justicia obsoleta para atender a las personas con discapacidad. Es necesario modificar las instituciones para asegurarles un efectivo acceso a la justicia que históricamente se les ha negado, pues si bien ha habido avances es urgente modificar sistemas jurídicos y las instituciones.

En su oportunidad, María Sirvent, a nombre de la organización Documenta, que asesoróa a Arturo en sus gestiones legales que derivaron en esta disculpa aseveró que es necesario visibilizar las violaciones del Estado mexicano a personas con discapacidad porque así como el caso de Arturo derivó en esta disculpa, hay cientos, miles de personas con discapacidades que enfrentan abusos, injusticias y angustias por estar en condiciones similares.

Miles están presos sin saber por qué delitos, han sido privadas de su libertad y enfrentan prisión arbitraria. Por ello, dijo, este caso interpela al estado mexicano y le exige eliminar políticas y prácticas injusticias, anular medidas de seguridad aplicadas a personas consideradas como inimputables y cesar detenciones arbitrarias.