Washington. Una quincena de senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos pidió el viernes al gobierno de Joe Biden sancionar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la masiva represión de opositores previo a las elecciones de noviembre en que busca un cuarto mandato consecutivo.

En una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, los legisladores urgieron al Ejecutivo a aplicar contra Ortega el arsenal de medidas punitivas previstas en la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018, conocida como NICA Act, y el proyecto de ley RENACER, aprobado por el Senado en agosto.

Los senadores instaron al gobierno de Biden a "hacer cumplir plenamente" las disposiciones de la NICA Act, que restringe el acceso de Nicaragua a créditos de organismos multilaterales.

También pidieron considerar ilegítimos los próximos comicios, así como evaluar la suspensión de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) y revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).

Entre los firmantes de la carta están Dick Durbin, el demócrata número dos de la Cámara Alta, y Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, además de los republicanos Ted Cruz, Marco Rubio y Rick Scott, entre otros.

En la misiva, los senadores señalaron que desde mayo el gobierno de Ortega ha acosado y encarcelado a más de 150 líderes de la oposición, incluyendo cinco candidatos presidenciales.

Denunciaron además que la Asamblea Nacional controlada por Ortega haya legalizado la detención arbitaria, la restricción de la libertad de expresión y el trabajo de las oenegés defensoras de los derechos humanos. Y cuestionaron que se esté ratificando un nuevo acuerdo con Rusia "para censurar el uso del internet".

"Estas acciones equivalen a un ataque autoritario expansivo contra las instituciones y la sociedad civil de Nicaragua", sostuvieron.

Cerca de una treintena de funcionarios y familiares del presidente Ortega, entre ellos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, fueron sancionadas en los últimos tres años por Estados Unidos en el marco de la Ley Magnisky, que persigue a los extranjeros señalados de corrupción y violación a derechos humanos.

Además Washington impuso restricciones de visado a una veintena de funcionarios nicaragüenses a los que acusa de ser cómplices de la represión estatal.

Ortega, de 75 años, gobierna desde 2007 y se postula para un cuarto mandato sucesivo por su partido, la exguerrilla de izquierda Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Para el sandinismo, los opositores detenidos son "mercenarios" apoyados por Washington para tratar de derrocar a Ortega.