El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que la iniciativa constitucional en materia eléctrica “lastima profundamente al país, tanto en materia ambiental como en materia económica”, pues “golpearía finanzas de familias mexicanas y consumidores de electricidad”.

Apuntó que la propuesta implica un importante costo presupuestario al subir costo de producción y requerir fuertes inversiones del Estado para asegurar el suministro eléctrico, pero también ahuyentaría inversiones, lo cual impediría la reactivación económica.

La propuesta “obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea”

Apuntó que no sólo se permitiría que plantas obsoletas y contaminantes incrementen su participación de mercado, sino que aumentaría las emisiones contaminantes, los costos de generación y la necesidad de subsidios para mantener las tarifas constantes.

Apuntó que de aprobarse violaría principio de la Constitución de la no retroactividad de las leyes y está en riesgo de consumarse una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país, lo usa pone en “grave riesgo la credibilidad” del país.

Destacó que la CFE no ha desarrollado centrales de generación usando energías renovables de bajo costo y no ha modernizado la red eléctrica, lo cual ha causado apagones que afectan tanto la seguridad energética como la economía nacional.

“La reforma propuesta hará todavía más difícil la inversión en la red de transmisión al concentrar los recursos de la CFE en generación”, dijo.

Agregó que la contrarreforma “no cumple con los objetivos que pretende ni plantea soluciones sustentables”.

“Bloquear la participación del sector privado en la generación eléctrica impide que el país avance en solucionar estos problemas críticos”, añadió.

“Esta contrarreforma parte de un diagnóstico equivocado: los preceptos constitucionales en materia de energía eléctrica no tienen como objetivo, ni como consecuencia, dañar o desaparecer a la CFE”, mencionó.

El CCE pidió a los legisladores “reflexionar sobre los efectos adversos de esta iniciativa y actuar en beneficio de las familias mexicanas, el medio ambiente, las finanzas públicas y el bienestar económico de nuestro país.”

Por su parte, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) pidió al Congreso de la Unión analizar a fondo los impactos de la iniciativa constitucional y consideró que es fundamental contar con órganos reguladores autónomos “para favorecer la protección de los intereses de la Nación y de los consumidores”.