Ciudad de México. De manera unánime, esta madrugada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el triunfo del candidato a gobernador de Michoacán de la coalición Juntos Haremos Historia, Alfredo Ramírez Bedolla, a pesar de que se reconoció la gravedad de la injerencia del crimen organizado en los comicios, que alteró la elección en cuatro municipios.
Fue anulada la votación en los municipios de Huacana, Gabriel Zamora, Mujica y Nuevo Urecho, pero, se consideró, no afectó el resultado en la entidad.
Al argumentar a favor de su proyecto, el magistrado Indalfer Infante reconoció que la impugnación de los partidos PAN, PRI y PRD tenía fundamento en el sentido de que el Tribunal Estatal Electoral no valoró las pruebas presentadas en contra del involucramiento de grupos del crimen organizado en esos municipios.
Sin embargo, destacó que por la gravedad de estos hechos se anularon las votaciones en todas las secciones que involucraron esa región, pero el nuevo cómputo derivado de esta decisión no implicaba un cambio de ganador.
Además, dijo Infante, los partidos inconformes no acreditaron que esta irregularidad haya puesto en duda los principios constitucionales de la elección, puesto que no fue una violación generalizada. Explicó que más del 97 por ciento de las secciones se realizaron en forma pacífica, por lo que la presencia del crimen organizado no implicó una transgresión que ameritara la anulación de los comicios.
En su momento, el magistrado Felipe de la Mata alertó sobre el riesgo que tiene para el sistema democrático permitir la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones, por lo cual consideró necesario adoptar nuevas medidas para inhibir estas prácticas y enfrentar esa grave amenaza para la democracia mexicana.
Por ello, planteó medidas que deberá instrumentar el Instituto Nacional Electoral (INE): acuerdos con las instancias de seguridad pública para reforzar la vigilancia en regiones identificadas como de presencia del crimen organizado, a fin de garantizar la votación pacífica y sin riesgo; protocolos de actuación de autoridades electorales para prevenir la violencia, metodologías para autoridades electorales y planes específicos para zonas conflictivas.
En su oportunidad, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, sostuvo que este órgano es consciente de la situación de violencia en el país y la necesidad de disuadir esta práctica. Si bien el TEPJF no es omiso ante esta realidad, dijo, no se puede ir al extremo de anular una elección a partir de una práctica que en este caso se dio focalizadamente en cuatro municipios.
La magistrada Janine Otálora también se refirió al contexto de violencia que impactó en la elección de gobernador de Michoacán, aunque, coincidió, se constriñó a una región de la entidad, por lo que era viable validar la elección. Estuvo de acuerdo en anular la votación de esos municipios, porque se realizaron actos de intimidación y presión a los votantes, pero no fueron determinantes como para anular la elección en su conjunto.
