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Publican acuerdo para defensa legal de mujeres acusadas por abortar

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Mujeres realizaron una marcha en el marco del Día Internacional por la despenalización del Aborto, durante que las que portaron el pañuelo verde, usado como símbolo de la exigencia al acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, el 28 de septiembre de 2021. Foto María Luisa Severiano
30 de septiembre de 2021 13:40

Ciudad de México. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó el acuerdo que permitirá al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) dar asistencia legal a las mujeres acusadas por el delito de aborto y a las y los familiares de víctimas de feminicidio.

Se trata de la defensa legal anunciada el presidente del CJF, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el 8 de septiembre pasado, para permitir que la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de despenalizar la interrupción libre el embarazo, pueda tener aplicación en la realidad.

Para que las mujeres que enfrentan un proceso penal por haber abortado, o las familias de víctimas de feminicidio puedan obtener este apoyo legal, basta con que se acerquen a la delegación estatal del IFDP, o bien se comuniquen al teléfono gratuito 800 22 42 426, que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

El acuerdo publicado este jueves detalla las bases legales que permiten al CJF, a través del IFDP, dar esta asistencia legal, tanto en casos que se ventilan en la justicia federal como en la estatal.

Esta acción se fundamente en los artículos 17, 94, 97 y 100 de la Constitución, que facultan al CJF para actuar en materia de defensoría pública, en defensa de los derechos constitucionales y también en aplicación de los derechos que se garantizan en los tratados internacionales firmados por nuestro gobierno, en materia de derechos humanos.

Específicamente, señala: “El artículo 17, párrafo octavo constitucional explícitamente indica que existen competencias federal y locales para proporcionar el servicio de defensoría, pero no precisa lo que puede ocurrir en casos donde el enfoque de la atención derive de estándares de derechos humanos reconocidos en nuestro bloque de constitucionalidad, cuya defensa pueda dar lugar a una posible concurrencia entre autoridades federales y locales, y en casos donde existe un riesgo de que las limitaciones competenciales puedan dejar a ciertas víctimas en estado de indefensión.”

 

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