La Paz. Unos 500 indígenas de tierras bajas de Bolivia arribaron cansados el jueves a la región de Santa Cruz después de una marcha de 37 días en defensa de su territorio y en rechazo a los avasallamientos en medio de aplausos de una multitud de gente que salió a recibirlos.
Esta es una de las protestas que complica al gobierno boliviano, que también libra un conflicto de 11 días por la disputa por el control del mercado de la coca en La Paz.
Una columna de indígenas de las zonas más alejadas del oriente salió de la ciudad de Trinidad, en la región amazónica de Beni, el 25 de agosto y llegó a la plaza principal de Santa Cruz, la mayor ciudad del oriente, tras recorrer unos 600 kilómetros. Muchos de ellos con ampollas en los pies, calambres y cansancio asistieron a misa.
Marcial Fabricano, de 68 años, es el líder de la marcha y quien encabezó la primera caminata en 1990. “Esta marcha quiere decir ’no más invasiones’”, sostuvo.
En un petitorio los indígenas reclamaron al gobierno “derogar todas las normativas y/o resoluciones que permiten todo tipo de avasallamiento en todos los territorios indígenas ancestrales” y una nueva redistribución de tierras en la que exigen ser incluidos, entre otros 10 puntos más.
Fabricano dijo que se espera entablar un diálogo con el gobierno, el cual aún no ha sido confirmado.
Santa Cruz es epicentro de las disputas por tierras entre colonos supuestamente afines al gobierno, hacendados y comunidades indígenas en la región chiquitana, un rico bosque seco de gran biodiversidad vecino de la Amazonia que en 2019 sufrió un devastador incendio -en gran parte provocado por la expansión agrícola- que acabó con más de cinco millones de hectáreas, según la Fundación Amigos de la Naturaleza.
El gobierno minimizó la marcha indígena y dijo que es impulsada por la oposición política. En tanto, los opositores respaldaron a las comunidades nativas. “Las demandas han sido tergiversadas, lo cual obedece más a discursos políticos”, dijo recientemente Roberto Ríos, viceministro de la Seguridad Ciudadana.
En tanto, en La Paz, una disputa por el control del mercado de coca se agudizó después de 11 días de conflictos que han dejado decenas de detenidos y heridos además de destrozos en domicilios y centros policiales en el barrio de Villa Fátima, donde está ubicado el mercado de coca legal, ahora custodiado por la policía.
Los incidentes se produjeron después de que uno de los grupos en disputa acusara al gobierno y a la policía de apadrinar a otro grupo que el lunes tomó el control del mercado, según el dirigente cocalero Armin Lluta.
Los vecinos debieron salir con banderas blancas para que las facciones lleguen a un diálogo luego de que la zona terminara convertida en un campo de batalla.
En Bolivia la hoja de coca sirve para usos tradicionales como la masticación y las infusiones, pero diversos estudios sostienen que buena parte de la producción se desvía a la fabricación de cocaína, de la que Bolivia es el tercer productor mundial después de Colombia y Perú.
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) indicó a fines de agosto que la coca se ha expandido en el norte de La Paz, más allá de los límites permitidos.
El comercio legal de este arbusto mueve entre 365 y 449 millones de dólares al año, poco más del 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, según el organismo de la ONU.
