Río De Janeiro. La Fiscalía de Brasil ordenó ayer una investigación preliminar para decidir si el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, cometió un delito de amenazas contra la democracia cuando habría asegurado que no se celebrarían las presidenciales de 2022 si no salía adelante la propuesta constitucional del voto impreso para las urnas electrónicas, que impulsaba el presidente Jair Bolsonaro.

El diario Estadao publicó en junio pasado que Braga Netto hizo saber al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, en presencia también de la plana mayor de las fuerzas armadas brasileñas, que las elecciones de 2022 no se celebrarían si la enmienda a la Constitución del voto impreso no era aprobada.

El fiscal general, Augusto Aras, explicó que esta información del diario ofrece indicios razonables de que se pudo cometer una infracción político administrativa, por lo que decidió iniciar una investigación previa tras aceptar una demanda interpuesta por un grupo de diputados ante el Tribunal Supremo.

Braga Netto negó las versiones que calificó de invención. Según la prensa brasileña, el ministro de Defensa, por conducto de un interlocutor, aseguró a Lira que no habrá elecciones si no pueden ser verificables.

En privado, Lira reconoció que aquel episodio era gravísimo e hizo saber a Jair Bolsonaro, quien ha estado esparciendo infundadas teorías sobre fraude electoral, si no se aprobaba esa ley de voto impreso, que no contara con él para llevar a cabo ningún acto que contraviniera la Constitución.

Esta propuesta de enmienda a la Carta Magna ha sido defendida con especial ahínco, e incluso con cierta virulencia, por Bolsonaro, quien llegó a decir después de que la cámara baja votó contra la iniciativa que los diputados o bien no creen en la honestidad de las elecciones, o fueron chantajeados.

En los últimos meses, Bolsonaro ha criticado el modelo del voto electrónico, e incluso lo señala como causante del fraude electoral que, sin pruebas, afirma que se podría cometer contra él en las presidenciales de octubre de 2022, en las que según sondeos, caería derrotado en primera ronda contra una virtual candidatura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro se mostró tajante en mayo al afirmar en redes sociales que habrá voto impreso en 2022 y punto final, no se hable más. Si no lo hay, señal de que no habrá elecciones. Creo que el mensaje ya está dado.

Unas declaraciones muy similares, que sumadas a sus ataques al Tribunal Superior Electoral (TSE) le han supuesto ser investigado por el Supremo dentro de un caso sobre difusión de noticias falsas contra las instituciones democráticas.

Una investigación preliminar no tiene el mismo estatus que un proceso criminal formal, ya que en este caso no se apunta la realización de ningún delito concreto.

En otro frente para Bolsonaro, su amigo el empresario Luciano Hang, dueño de la cadena de tiendas Havan, compareció ante la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) sobre el manejo a la crisis por el Covid-19.

Hang rechazó las acusaciones de que financia y promueve noticias falsas en las redes sociales. Es uno uno de los principales partidarios del llamado tratamiento temprano para los pacientes afectados por Covid-19, que prescribe medicamentos antiparasitarios que no tienen efectividad para el coronavirus.

Fue uno de los testimonios más esperados por la CPI, y provocó revuelo, pues el empresario exhibió carteles en los que señalaba no me dejan hablar y libertad de expresión, lo que irritó a los senadores y obligó a una breve suspensión, reportaron medios locales.

Hang destacó que no es un negacionista, cuando los senadores subrayaron que casi 600 mil personas han muerto por Covid-19, incluida su madre, Regina, a quien se le prescribió el cuestionado kit-Covid, con medicamentos que no son recomendables para tratar el padecimiento.

Al preguntarle sobre su relación con Boslonaro, Hang afirmó que nunca se reunió con él para discutir temas relacionados con la pandemia, y negó haber financiado manifestaciones gubernamentales, incluidas las del 7 de septiembre.