Ciudad de México. La fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, pidió una disculpa pública por los actos de agravio cometidos en el transfeminicidio de Paola Buenrostro, en 2016, quien fue víctima de un crimen de odio y revictimizada por una actuación negligente, discriminatoria y carente de empatía del personal que era responsable de procurar justicia.

Durante la investigación hubo diversas omisiones que evidenciaron la falta de debida diligencia, de aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado, que llevaron a no vincular al imputado, pero “no descansaremos hasta detenerlo”.

Además de no otorgarle medidas de protección a la única testigo del caso, Kenya Cuevas, quien junto con su equipo jurídico, pidió se investigara como crimen de odio, pero el agente del Ministerio Público se negó a ello.

La investigación penal de la entonces Procuraduría General de Justicia no reconoció el nombre de Paola Buenrostro, violentando su derecho a ser reconocida en su orientación e identidad de género como mujer transexual.

En la esquina de la calle de Aldama y México-Tenochtitlán, donde hace cinco años Paola perdió la vida al recibir tres disparos, y se colocó una placa con su nombre, señaló que de enero de 2019 a la fecha se han realizado tres mil 498 acciones de formación y capacitación de personal ministerial, pericial y policías de investigación.

Se trata, puntualizó, de evitar se repitan agravios y actos de discriminación en contra de las personas de la comunidad LGBTTTIQA+, y se inscribió a la afectada en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México, como solicitó la Comisión de Derechos Humanos local.

De esta manera, se da cumplimiento con la Recomendación 2/2019 emitida por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero también se creó la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de Delitos Sexuales.

Kenya, además, participó en el rediseño del “Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTIQA+”, del cual existe un proyecto final que está en revisión, destacó.

La presidenta de la Cdhcm, Nashieli Ramírez, afirmó que este acto de disculpa pública debe de motivar la reflexión de una sociedad en torno a la dignidad de todas las personas y, para ello, sobre los patrones de violencia que necesitan ser erradicados.

Paola, puntualizó, “no murió con motivo de un homicidio convencional, sino fue un transferminicidio, término introducido por primera vez en la Recomendación 02/2019, para denunciar que el texto legal invisibiliza los patrones de violencia extrema hacia mujeres trans que requieren medidas especiales para su investigación y reparación”.

La investigación no puede recaer exclusivamente en una valoración inicial sobre la existencia de odio, sino debe de activar los protocolos propios de feminicidio con las características particulares.

La procuración de justicia no puede sujetarse a criterios formalistas y limitativos como el hecho de haber tramitado o no un cambio de nombre, y ella no contó con la cercanía de su familia para acreditarse como parte en las investigaciones.

Ello, dijo, condujo a un ciclo reiterado de violencia institucional ejercida en contra de ellas, en especial Kenya. Las mujeres trans son una población víctima de violencia de género por partida doble: violencia transfóbica y violencia misógnica.

Temístocles Villanueva, diputado en el Congreso de la Ciudad de México, adelantó que se trabaja una iniciativa a favor de las mujeres trans, que se denominará Ley Paola, como un acto de justicia.

Por su parte, Kenya Cuevas destacó que la muerte de Paola se convirtió en el primer transfeminicidio reconocido públicamente, y se volvió para ella una inspiración de lucha, en medio de la rabia, ya que por falta de pruebas, su agresor fue liberado y los testimonios de sus compañeras desestimados.