Ayer, 28 de septiembre, se llevó a cabo en México y en el mundo una jornada por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, una gesta de muchas décadas que se ha traducido ya en logros concretos en diversos países. En los últimos 12 meses esta lucha ha dado pasos significativos en América Latina, como la legalización del aborto en Argentina y, ayer mismo, la aprobación preliminar en el Legislativo chileno de una ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo.
Por lo que hace a nuestro país, debe destacarse que el derecho al aborto seguro y gratuito ha sido instaurado ya en cuatro entidades –a saber, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz– y que el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la prohibición del aborto es inconstitucional, en un paso histórico que abre la puerta a una legalización plena en todo el territorio nacional.
Es oportuno recordar que la lucha por la legalización del aborto tiene dos vertientes fundamentales: por una parte, el rechazo a un marco legal que ignora el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y que se inclina, en cambio, por imponer al conjunto de la sociedad la visión moral de una parte de ella; por la otra, el principio de que un problema de salud pública no puede resolverse mediante una prohibición legal. En efecto, el hecho de que el aborto esté prohibido no significa que no se practique diariamente por centenares de mujeres por motivos que sólo a ellas conciernen. Pero el que sea una práctica proscrita condena a quienes deciden interrumpir su embarazo a hacerlo en circunstancias peligrosas, insalubres e incluso traumáticas. A 14 años de la legalización del aborto en la capital de la República, las cifras son claras y contundentes: ninguna mujer muere por abortar, sino por hacerlo en condiciones de clandestinidad.
Asimismo, la prohibición hace que el aborto como práctica médica sea un negocio lucrativo para clínicas clandestinas. Adicionalmente, las legislaciones estatales prohibicionistas conllevan riesgos de cárcel para la paciente y para los profesionales de la salud que participan en el procedimiento. Resulta inadmisible que haya en las prisiones del país mujeres condenadas por interrumpir un embarazo y personas de ambos sexos que colaboraron en la interrupción.
Las marchas realizadas ayer en varias ciudades del país –y cuya significación no debe ser opacada por los grupos provocadores, ávidos de atención mediática– son, pues, parte de una lucha por generalizar en México que debe culminar en la consecución plena del derecho a decidir y de un avance civilizatorio que no debe seguir siendo postergado en el país.
