Ciudad de México. María Elena Alvarez Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aseveró que ante los regímenes de protección de variedades vegetales, este organismo tiene como primera responsabilidad procurar el bienestar de la población y el cuidado del medio ambiente, “el bien común debe estar por encima del bienestar de unos cuantos”.
Agregó que las autoridades están obligadas a hacer un análisis de esos regímenes y sus consecuencias, ante las presiones que hay para que México se adhiera al acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV).
Agregó que la UPOV, establecida en 1961, es un medio legal para establecer figuras de propiedad intelectual, ya sea con patentes o una combinación con esquemas sui generis, con tendencia a la privatización.
Durante el foro Instrumentos nacionales e internacionales en materia de obtenciones vegetales y sus consecuencias para la riqueza biocultural de México y la bioseguridad de los cultivos genéticamente modificados, convocado por Conacyt, Alvarez-Buylla destacó que las comunidades campesinas son las fuente de la agrobiodiversidad, ellas aprovechan y conservan el maíz, “la gran abundancia de especies nativas y mejoradas se comenzó a usar como veta de lucro por entidades públicas y privadas”.
Agregó que Conacyt está comprometido con el bienestar del pueblo de México, "por el bien de todos primero los pueblos originarios, hay que comprometernos con una forma sustentable de alimentos saludables".
