Nueva York. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, reconoció ayer ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que en su país no son funcionales las instituciones estatales, por lo que se necesita un diálogo entre partidos políticos y la celebración de unas elecciones justas y transparentes. También reiteró su pedido de ayuda a la ONU para resolver el asesinato del presidente Jovenel Moïse, cometido en julio pasado.

Está claro que sólo un diálogo con los partidos políticos y con las estructuras organizadas de la sociedad civil podría permitir que se logre un consenso suficiente para garantizar la estabilidad sociopolítica.

Henry, que por primera ocasión participó en un debate de alto nivel del organismo internacional, promovió el acuerdo nacional alcanzado con una franja de la oposición y la sociedad civil, y aseveró que este consenso permitirá la gobernanza pacífica.

Este acuerdo prevé la creación de un entorno de seguridad que permita favorecer la participación de las ciudadanas y ciudadanos en las próximas elecciones, y de hecho, genera un mecanismo que obliga al gobierno a ser transparente y a rendir cuentas, manifestó en un discurso pregrabado.

También reconoció que el acuerdo no incluye a todos los sectores nacionales y se comprometió a continuar el diálogo para sumar a las plataformas aún reticentes a su propuesta.

El neurocirujano, quien asumió el cargo pocas semanas después del magnicidio, aseguró que el principal objetivo de su gobierno es permitir que las instituciones democráticas funcionen de manera adecuada.

Esto, junto al consenso, favorecerá la celebración de comicios creíbles, transparentes e inclusivos dentro de un plazo razonable, enfatizó.

Henry reiteró la solicitud formal a la ONU de cooperación judicial internacional para investigar el magnicidio contra Moïse, y reiteró su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia.

La investigación judicial en marcha es difícil, se trata de un crimen trasnacional, y por eso solicitamos oficialmente la cooperación judicial internacional. Ésta es una prioridad para mi gobierno y para toda la nación, sostuvo.

En medio de las críticas en lo interno por su supuesta implicación con uno de los sospechosos de planificar el magnicidio, Henry reafirmó su determinación de encontrar a los coautores, cómplices e inspiradores del crimen odioso y llevarlos ante la justicia.

Nada, ninguna maniobra política, ninguna campaña de los medios de comunicación, me hará olvidar este objetivo: hacer justicia para el presidente Moïse. Esta es una deuda que tenemos con su memoria, su familia y el pueblo haitiano, aseguró el titular, que la semana pasada evitó una audiencia en la fiscalía para aclarar el contenido de las llamadas realizadas el mismo día del magnicidio. No obstante, Henry subrayó que el crimen no debe quedar impune, y todos los implicados deben recibir su castigo.

El mandatario murió asesinado en su residencia durante la madrugada del 7 de julio, aparentemente por un comando armado integrado por ex militares colombianos. Hasta la fecha, al menos 40 personas se encuentran en prisión por el magnicidio, pero la investigación se ralentizó desde finales de julio.

La Coordinación Nacional de Seguridad Alimentaria (CNSA) resaltó en un informe publicado el viernes en Twitter que 4.36 millones de haitianos (46 por ciento de la población analizada) se encuentran en fase 3 en la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, es decir, al borde de la hambruna.

El organismo agregó que 1.3 millones de personas, equivalente a 14 por ciento de la población analizada en el estudio, se encuentran en condiciones de urgencia, mientras cerca de 3 millones están en situación de crisis.

Proyecciones de la CNSA apuntan a que entre marzo y junio de 2022 podría haber 4.6 millones de haitianos en situación de inseguridad alimentaria grave, con una necesidad urgente de ayuda.

El organismo señaló que Haití es el país más pobre del Caribe y uno de los más afectados por la inseguridad alimentaria a escala mundial, con cerca de 60 por ciento de la población en situación de pobreza.