Ciudad de México. El gobierno federal considera extender acuerdos reparatorios con los responsables de empresas que evadan impuestos, aun con la nueva legislación –la cual llega a considerar como delincuencia organizada esta práctica y contiene penas de cárcel–, si se asume la responsabilidad y se paga el dinero no entregado al fisco, explicó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.

No queremos gente en la cárcel, queremos gente que pague sus contribuciones, expuso. En ese sentido, si aplica la reforma penal no habría propiamente un acuerdo reparatorio, pero la política que manejamos es que si se cumple a satisfacción de la Secretaría (de Hacienda y Crédito Público), esto es que (los contribuyentes) paguen todo lo que deben, nosotros podríamos otorgar el perdón, dijo en un encuentro organizado por la Escuela Libre de Derecho.

Desde 2020, la evasión de impuestos implica penas de cárcel. En caso de que se encuentre la participación de tres o más personas en estos esquemas, que sean empresas que facturan operaciones simuladas, que sus acciones sean repetidas y que el monto defraudado alcance 7.8 millones de pesos, se puede considerar delincuencia organizada e implicar prisión hasta por 16 años para los involucrados.

Si bien esta legislación endurece las penas para un ilícito que, de acuerdo como Romero Aranda, llegó a costar hasta 500 mil millones de pesos al erario, la Procuraduría Fiscal de la Federación no descarta reducir su efecto sobre los involucrados. En cualquier asunto nosotros podríamos aceptar un acuerdo reparatorio, nada más que hay ciertas reglas.

Detalló que cuando se encuentran faltas en la entrega de impuestos antes de 2020 se aceptan todos los acuerdos, siempre que no venga dinero de factureras y de corrupción, que los contribuyentes no sean reincidentes –porque el acuerdo reparatorio sólo se puede extender una vez, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimiento Penales– y que se entreguen al Servicio de Administración Tributaria todas los adeudos pendientes.

Con la nueva legislación no cabría un acuerdo reparatorio, pero siempre que no exista prisión preventiva se pueden buscar mecanismos para cobrar a los evasores y que puedan salir de la cárcel, explicó. El objetivo, recalcó, es que se reintegren los adeudos a conformidad de lo que pida SAT y no necesariamente tener a gente en un reclusorio.