Ciudad de México. Docentes e investigadores de diversas universidades e instituciones educativas del país dieron a conocer este miércoles una serie de comunicados en apoyo a los 31 investigadores que fueron señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como supuestos responsables de delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

Uno de los pronunciamientos, firmado por “académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de instituciones de educación e investigación”, indica que el “supuesto delito” cometido por los acusados “fue la entrega ordinaria de recursos que provenían del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, una organización reconocida en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente del 2002 al 2020”.

En el mismo tono, los firmantes recordaron que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), considerando la normatividad aplicable, ya había sentenciado el 17/8/2021 (MI/SS/D/9941/2021) que fue legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos al Foro Consultivo para su operación desde el 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt el 17 de febrero de 2020”.

La carta resaltó que “entre los imputados se encuentran científicos de gran prestigio nacional e internacional, miembros de diversas instituciones educativas públicas, de varios centros de investigación y empleados públicos.

Para los abajo firmantes, estas injustas acusaciones contra miembros de la colectividad académica, entre los cuales se encuentran nuestros colegas la Dra. Julia Tagüeña Parga y el Dr. José Franco López, quienes encabezaron el Foro Consultivo y el Dr. Enrique Cabrero, quien fue Director General del Conacyt, son inaceptables”.

Los académicos inconformes exigieron “atender la sentencia de la SCJN y el desistimiento de las solicitudes de órdenes de aprehensión sin fundamentos”.

La comunidad académica del Instituto Mora también lanzó un comunicado en el cual reseña las acusaciones contra los 31 investigadores y administrativos de diversas universidades y coincide en que la Suprema Corte “analizó con detalle la relación jurídica entre el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Asociación Civil que lo representa y Conacyt” y confirmó la legalidad de la entrega de recursos al Foro Consultivo.

“Entonces, ¿cómo es posible que se acuse a científicos de ser parte de una organización delictiva por recibir legalmente recursos del Conacyt? El financiamiento al Foro Consultivo Científico y Tecnológico obedecía a que este era un órgano de consulta permanente del Ejecutivo Federal, del Consejo General de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y de la Junta de Gobierno del Conacyt desde 2002”, recalcó el texto.

“Las y los abajo firmantes nos solidarizamos con las personas afectadas, solicitamos que se aclaren los hechos y no se judicialice una denuncia que tiene poco fundamento, de acuerdo a la sentencia de la SCJN, y que afecta a toda la comunidad académica del país”, dijeron.