Esta acción de la UIF responde a la obligación de México de cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido en materia de lavado de dinero, particularmente de las observaciones que se plantean en el Informe de Evaluación Mutua, publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2018, resultado de la evaluación realizada al país entre 2016 y 2017, en el cual se señaló que una de nuestras principales deficiencias es la falta de sentencias condenatorias por lavado de dinero y sus delitos predicados, como evasión fiscal o corrupción.
En ese sentido, de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos –publicada por la UIF en 2020–, las tres principales amenazas en cuanto a lavado de dinero en México provienen de la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados en la nación y la corrupción, no sólo por su grado de penetración social, sino por las ganancias que generan. En este sentido, se vuelve necesario articular una política integral que cumpla con el parámetro referido, no únicamente para satisfacer el estándar internacional, sino también para recuperar legítimamente aquellos bienes de origen ilícito para beneficio del país, transparentando en todo momento el manejo de los recursos. El uso de la inteligencia debe sumarse en los ámbitos de la procuración e impartición de justicia para combatir la incidencia de estos delitos, lo cual se hace evidente en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que coloca el combate al lavado de dinero como una prioridad del Gobierno de México, para lo que se vale de la inteligencia financiera a fin de desarticular las estructuras económicas del crimen organizado.
En este contexto, la labor que desempeñan las diversas autoridades del Estado mexicano de inteligencia y la UIF resulta de vital importancia, pues al utilizar esquemas efectivos de recopilación, análisis y diseminación de información sobre los flujos financieros que circulan por el sistema bancario, así como de aquellas actividades que no utilizan el sistema financiero (actividades vulnerables), cuenta con la capacidad de identificar e investigar la ruta del dinero ilícito. La recuperación de activos cerraría el círculo de la estrategia. El objetivo es empoderar al Estado en el ejercicio de su derecho de recobrar, en apego a la legalidad, aquellos bienes y productos de delito, generando efectos restitutorios y el impacto preventivo.
Por lo anterior, el Gobierno de la República decidió proceder en contra del ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa y otras personas vinculadas con el esquema de estudio. De acuerdo con lo esgrimido en la demanda, los activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, el cual se relaciona con el ex secretario de Seguridad Pública. Esta primera acción judicial se presentará en las cortes de Estados Unidos, debido a que es el lugar donde se identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas con los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.
La acción presenta a 30 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices o familiares. Según se alega en la demanda, dichas organizaciones se ubican o cuentan con operaciones en Florida, Estados Unidos, y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un plan de contrataciones ilegales. Estos esquemas de lavado de dinero tuvieron origen en México, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. En este marco, el Gobierno de México buscar recuperar la mayor cantidad posible de recursos y continuar trabajando con el compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad. Cero tolerancia a los actos de corrupción.
* Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
