Ciudad de México. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que preside Nadine Gasman Zylbermann, sus Consejos Consultivo y Social y las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) exigieron a las autoridades la inmediata libertad de Basilisa Montaño Gutiérrez, detenida el pasado 1 de septiembre en el contexto del conflicto poselectoral en el municipio de Coyomeapan, Puebla.
El Inmujeres señaló que Basilisa es una mujer indígena perteneciente a la comunidad nahua de la sierra de Puebla, con una reconocida trayectoria a favor de los derechos de los pueblos originarios de esa entidad. “Es integrante del Consejo Consultivo del Inmujeres desde el año 2018 y, como tal, es vocal propietaria de nuestra Junta de Gobierno. Desde el inicio de su gestión en este cargo, ha dejado constancia de su integridad y compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y de la comunidad indígena de donde es originaria”.
Por ello, el Inmujeres, sus Consejos y las IMEF expresaron su apoyo y solidaridad con Montaño, privada de su libertad desde hace 20 días y exhortaron a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, brindar total certeza y seguridad a este caso, para que se desahogue en un marco de respeto de los derechos humanos, garantizando el debido proceso en apego a los principios constitucionales que rigen, a fin de que se esclarezcan los hechos a la brevedad posible y recupere la libertad de la que ha sido privada por defender los legítimos intereses de su comunidad.
Acusación por portación de armas, carece de fundamento jurídico
Por su parte, Consejeras Consultivas y consejeras Sociales del INM, indicaron que junto con Montaño Gutiérrez, fueron detenidos Anastacio González Sanginez y Eruviel Aguilar Gómez, a pesar de contar con la garantía del gobierno del estado de Puebla de no ser arrestados.
“Al salir de la reunión se ejecutaron los arrestos de los tres líderes indígenas. Ellos representan la parte visible de un movimiento de resistencia al despojo y sometimiento por parte de caciques, pues han dedicado sus esfuerzos a la digna defensa de los intereses de las comunidades y sus territorios, como parte de la herencia ancestral de sus pueblos”.
Añadieron que estos hechos se dan en el contexto de un ambiente de crispación social, derivado de la violación a los derechos humanos de comunidades indígenas compuestas por 4 mil familias cuyos integrantes han sido amenazados por grupos caciquiles de esa región, y de un conflicto electoral ocasionado por irregularidades en el resguardo de las boletas electorales.
“Estos conflictos han desembocado en la ´toma´ del ayuntamiento y la Comandancia de Coyomeapan y la retención del personal del INE, por algunos días, por partes de los pobladores de Coyomeapan, dado que el Tribunal Electoral no quiso hacerse cargo de las urnas electorales. Las instalaciones tomadas no fueron vandalizadas, lo que consta en varios videos. Todo lo anterior ha sucedido con la complacencia de las autoridades estatales”.
Destacaron que los tres defensores de derechos humanos no han participado en ninguno de los dos hechos señalados. “Las acusaciones de portación de armas y atentado contra bienes públicos hacia Basilisa, Anastacio y Eruviel carecen también de fundamento jurídico. Afirmamos que su detención es producto de una acción arbitraria de injusticia por ser, los tres representantes indígenas los que alzan la Voz de los que callan. Exigimos el retiro de los cargos en contra de Basilisa, Anastacio y Eruviel, y su inmediata liberación, pues su integridad está en riesgo".
