Al presentar un informe sobre la situación de los feminicidios en el estado de México, entidad donde se comete el mayor número de este delito, Amnistía Internacional denunció que las investigaciones para esclarecerlos adolecen de grandes deficiencias que reproducen patrones de hace más de 20 años en Ciudad Juárez: inacción y negligencia para las indagatorias por parte de los funcionarios responsables; pérdida de evidencias fundamentales para las investigaciones e insuficiencia para ampliar las líneas de investigación.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Edith Olivares censuró que este conjunto de inconsistencias en el desempeño de las autoridades apuntala la impunidad que prevalece en torno a los feminicidios en México. A más de dos décadas de que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez sacudieron al país y se conocieran a nivel internacional, pareciera que no se ha avanzado nada en torno a la manera de investigar estos delitos.
Olivares alertó sobre incumplimientos importantes del Estado mexicano para prevenir la violencia contra la mujer y sancionar los feminicidios, a pesar de las recomendaciones que recibió México de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya en el 2010, al pronunciarse sobre el asesinato de tres mujeres en el caso del campo Algodonero, en Ciudad Juárez. En aquella ocasión advertía de que el estado mexicano no adoptó las normas necesarias para investigar con la debida diligencia , con lo cual contribuyó a a impunidad.
Agregó que la actuación deficiente de las autoridades en el estado de México en particular, pero de forma análoga en todo el país, contribuyen a la revictimización de las familias: “el impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad , justicia y reparación del daño, padecen además de la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insitiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y gobiernos locales”.
Durante la conferencia virtual en el que presentaron el informe “Juicio a la Justicia. Deficiencia en las investigaciones Penales de feminicidios precedidos de desaparición en el estado de México”. En los datos presentados por la organización a partir de informes oficiales, en 2020 se cometieron en México 3 mil 723 muertes de mujeres de las cuales solamente 940 fueron investigadas como feminicidios y el resto como homicidios dolosos. En el estado de México, se perpetraron 403 feminicidios en ese año, de los cuales 150 se investigan como feminicidios.
Al respecto Olivares destacó que en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en la sentencia de Mariana Lima Buendía, determinó que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio y sólo , en caso de no acreditarse se reclasifique como homicidio doloso. Esto, a fin de evitar que no se apliquen los protocolos propios de los feminicidios y con ello, la pérdida de elementos clave en las investigaciones.
Durante la presentación del informe se presentaron cuatro casos, en los cuales la negligencia de las autoridades mexiquenses ha favorecido la impunidad y en todos ellos, los avances logrados han sido provocados por la presión de los familiares que en algunos, se han abocado a recabar evidencias, hablar con testigos, e incluso realizar peritajes alternativos, para que las indagatorias avancen.
María Antonieta Muciño, cuya hija Nadia Alejanda, fue asesinara por su pareja frente a sus hijos que en 2004 tenían 5, 4 y 2 años, destacó que en octubre próximo, por fin se abordará su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la deficiencia de las investigaciones que permitió que el poder Judicial liberara al hermano de la pareja de su hija, cómplice en el asesinato.
