Ciudad de México. Tras más de 20 años los intereses del rescate bancario han resultado en pagos que al día de hoy superan la deuda original. De acuerdo con cifras oficiales, el acumulado de las obligaciones financieras, que derivaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y que se socializaron en 1998, rebasan 1.4 billones de pesos. Sólo para el próximo año exigirán un presupuesto similar al de la secretarías de Marina, o de Energía o Medio Ambiente y Recursos Naturales, esto sólo para el pago de recargos y costos de administración.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que a julio de 2021 los requerimientos del programa de apoyo a deudores y los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) –mecanismo a través del cual la deuda del sistema bancario se absorbió como obligaciones soberanas– sumaron un billón 21 mil 471 millones de pesos a precios actuales, un saldo por arriba de los 704 mil 918 que representaban en diciembre de 2000.

Los trabajadores y contribuyentes menores de 30 años tienen enfrente toda su vida laboral para pagar el saldo del rescate bancario, lacrado como deuda pública el 12 de diciembre de 1998, cuando muchos de ellos o no habían nacido o tenía menos de siete años. Tras simular debate, la mayoría del grupo parlamentario de Acción Nacional, partido en ese momento encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, respaldó al Revolucionario Institucional para endosar a las finanzas públicas el manejo de la banca en la primera mitad de los años 90 del siglo pasado.

A julio de 2021, el saldo de los pasivos del IPAB, antes el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), sumaron 975 mil 892 millones de pesos, a ellos se añaden 45 mil 579 millones de pesos por el programa de apoyo a deudores. Estas obligaciones son parte de la medida más amplia de la deuda pública, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, y representan prácticamente la mitad del adeudo de Petróleos Mexicanos, una empresa todavía activa.

De manera simultánea, por el costo financiero del rescate bancario –es decir, los pagos por intereses y comisiones– se han entregado 764 mil 112 millones de pesos desde diciembre de 1995, recursos que al actualizarse al valor de julio de 2021 ascienden a un billón 499 mil 895 millones de pesos, 47 por ciento más que el saldo de los pasivos acumulados a la misma fecha.

Debido a los vencimientos de deuda, para el próximo año las finanzas públicas deben entregar 38 mil 683 millones de pesos más para el pago de intereses y comisiones del rescate bancario, los cuales equivalen a financiar una dependencia de Estado, la mitad del presupuesto total para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o aumentar en seis veces la inversión física en la Secretaría de Salud para 2022.

Si bien la apuesta es que los pasivos del IPAB pierdan peso a medida que crece la economía –han pasado de representar 10.3 por ciento del producto interno bruto en junio de 2001 a 3.5 en el mismo mes de 2021– al final son una restricción presupuestal, sin que a la fecha haya datos abiertos sobre las deudas de quiénes deben pagar los contribuyentes por al menos 70 años, plazo estimado por Marcos Ávalos y Fausto Hernández Trillo en un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Se ha justificado el rescate en orden de evitar una crisis más duradera, pero nunca se ha transparentado del todo qué se está pagando. Informes de auditores independientes y la Auditoría Superior de la Federación han evidenciado algunas de las prácticas de incompetencia y corrupción, pero al final se ha normalizado el pagar los autopréstamos que se hizo Carlos Cabal Peniche, quien recibió Banco Unión y Cremi del gobierno de Carlos Salinas para quebrarlos en cuatros años, volverse prófugo y reincidir como prófugo ahora en 2021, cuando regresó al ámbito nacional como un potencial contratista de cajeros para el Banco del Bienestar, accionista del Sistema Radiópolis y trunco inversor de Interjet.