La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las expulsiones de personas migrantes desde Estados Unidos y México, al tiempo que urgió a los Estados que permitan el ingreso de las personas en movilidad humana a sus respectivos territorios a efectos de garantizar acceso a los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado, protección complementaria o regularización migratoria.

Destacó que dichas medidas deberán considerar necesidades particulares de grupos como mujeres y otros en especial situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas de la diversidad sexual, con discapacidad, pueblos indígenas, adultos mayores.

En un comunicado, la CIDH también instó a los Estados de la región, en particular a Estados Unidos, México y Guatemala, a crear y ampliar canales regulares existentes, de modo que sean seguros, accesibles y asequibles para la migración internacional, y les reiteró su llamado a implementar mecanismos de cooperación regional y responsabilidad compartida así como a fortalecer los sistemas nacionales de asilo y protección, de manera que se adecúen a la realidad compleja de las dinámicas migratorias.

Resaltó que lo anterior “en el entendido de que mientras no se adopten medidas para superar las causas estructurales que obligan a las personas a desplazarse de manera forzosa, los movimientos migratorios internacionales continuarán realizándose”.

La Comisión manifestó su preocupación por la implementación de procedimientos acelerados de expulsión de migrantes desde los Estados Unidos hacia las fronteras norte y sur de México y, luego, desde territorio mexicano hacia diferentes fronteras con Guatemala. En ese sentido, urgió a todos los Estados involucrados a garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas en movilidad humana; en particular, a fin de asegurar las garantías del debido proceso.

Expuso que de acuerdo con información disponible, advirtió que los procedimientos acelerados de expulsión estarían ejecutándose sin evaluar posibles necesidades de protección, asegurar el acceso a procedimientos migratorios o de asilo y sin aplicación de los protocolos sanitarios correspondientes para prevenir contagios por Covid-19.

Por su parte, señaló que el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala (PDH) ha mencionado que la falta de coordinación por parte de autoridades en ese país estaría provocando que las autoridades migratorias no registren a las personas que ingresan al territorio desde México.

La CIDH también destacó que según información de organizaciones de la sociedad civil, además de los vuelos desde los Estados Unidos hacia la frontera sur de México, se estarían realizando expulsiones terrestres de personas detenidas en el interior de México, principalmente de nacionalidad haitiana. En este sentido, manifestó particular preocupación de que se estaría expulsando a individuos que cuentan con documentos que respaldan su estancia regular en el país, como las solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), e incluso el reconocimiento de la condición de persona refugiada.

Por otro lado, la Comisión observó que los retornos forzosos son factores “graves” para la situación humanitaria en las fronteras “que desafían a los Estados de retorno a asegurar la protección de los derechos humanos de este grupo de personas”.

Asimismo, señaló que sin asistencia humanitaria adecuada “se estarían habilitando albergues improvisados que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad o que sobrepasan la capacidad instalada para brindar protección adecuada”. Lo anterior, añadió, “resulta de extrema preocupación en el contexto de la pandemia por la ausencia en la aplicación de protocolos sanitarios y otras medidas de contención”.

La CIDH expuso que en este orden, el Estado de Guatemala informó que se habrían alcanzado acuerdos para evitar situaciones de riesgo y brindar atención oportuna a las personas retornadas a puntos fronterizos establecidos. Por su parte, México indicó que el marco normativo vigente incorpora la protección y salvaguarda de los derechos humanos migrantes.

Adicionalmente, agregó, ambos países señalaron que estarían trabajando a nivel regional para que, bajo el principio de responsabilidad compartida, se promueva una migración segura, ordenada y regular y se aborden las causas estructurales que generan los desplazamientos forzados.