Las compañías mineras en México deberían esperar revisiones ambientales rigurosas dados los impactos importantes de sus proyectos, dijo un alto funcionario, insistiendo en que los atrasos de evaluaciones están disminuyendo a pesar de que la industria afirma lo contrario.

El sector minero de México, uno de los 10 principales productores mundiales de más de una docena de minerales, representa alrededor del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) local, pero a las firmas les preocupa que se enfrenten a una mayor hostilidad del gobierno de México.

Tonatiuh Herrera, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que los cierres relacionados con la pandemia el año pasado contribuyeron a la acumulación de evaluaciones ambientales para las minas, pero que su despacho nunca dejó de procesar los permisos.

“Tenemos que tener una evaluación ambiental estricta”, sostuvo en una entrevista en su oficina de Ciudad de México.

Ejecutivos de empresas mineras han dicho que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha socavado la minería con retrasos regulatorios récord causados, en gran parte, por fuertes recortes presupuestarios y advirtieron que las firmas pueden cambiar nuevas inversiones a países más atractivos.

Herrera dijo que las minas a cielo abierto –que representan un tercio de los yacimientos más productivos de México– serán evaluadas caso por caso debido a su “enorme” impacto en las comunidades y en los recursos hídricos. Pero negó que hayan sido prohibidas, como dijo en mayo la secretaria de Semarnat, María Luisa Albores González.

“Alguien podría decir, '¿cómo se podría imaginar una autorización ambiental de un proyecto con un alto impacto de esta naturaleza?'”, se preguntó Herrera haciendo hincapié en que altos funcionarios, como Albores, están “preocupados”.

Grupo México, una de las mineras más grandes del país, está esperando autorizaciones finales para su proyecto a cielo abierto El Arco de unos 3 mil millones de dólares en Baja California, que se espera comience a producir 190 mil toneladas de cobre para 2028. Un portavoz de la firma declinó hacer comentarios.

Herrera dijo que las mineras pueden haberse acostumbrado a una supervisión mínima estatal, aún así la administración actual aprobó recientemente muchas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), pero el funcionario se negó a brindar detalles.

En tanto, 18 importantes proyectos mineros que representan una inversión de casi 2 mil 800 millones de dólares están estancados debido a permisos ministeriales no resueltos, incluidos ocho MIA y 10 autorizaciones del llamado cambio de uso de suelo, según muestran los datos de la cámara minera Camimex.

Proyectos detenidos

El sector minero de México pagó el año pasado alrededor de mil 500 millones de dólares en impuestos y exportó 18 mil 400 millones en metales y minerales, según datos del gobierno. Herrera dijo que alrededor de 9 por ciento del territorio mexicano está cubierto por concesiones mineras.

El funcionario describió las concesiones mineras otorgadas en el pasado como “excesivas” y López Obrador ha dicho que su gobierno no autorizará ninguna nueva.

Pero Herrera insistió en que se están evaluando “docenas” de MIA retrasadas mientras la Secretaría está trabajando en el desarrollo de lo que él describe como un expediente único digital. “No existe esa parálisis que se menciona”.

Albores ha dicho que más de 500 proyectos mineros están detenidos, pendientes de revisión, mientras que datos oficiales a junio muestran que más de 750 están “postergados”. Es probable que esta última cifra también incluya las minas en las que las propias empresas han suspendido los trabajos de exploración.

Herrera enfatizó que las mineras no sólo deben cumplir con todas las salvaguardas ambientales -incluido el mantenimiento adecuado de presas de jales que contienen desechos tóxicos de la minería y que están todos bajo revisión- sino que también deben consultar a las comunidades antes de lanzar proyectos.

Cuando se le preguntó si tales consultas deberían otorgar a las comunidades indígenas y no indígenas un veto sobre las minas, Herrera dijo que “la consulta no puede ser un ejercicio vano, que no tenga ninguna consecuencia”.

Más allá del riguroso cumplimiento de sus obligaciones ambientales y sociales, Herrera ofreció un consejo más para las mineras: “Mi recomendación es que no hay atajos”, finalizó.