Nueva Orleans. Una corte federal de apelaciones permitió que el gobierno del presidente Joe Biden continúe aplicando sus criterios selectivos sobre quiénes deben ser deportados, rechazando con ello una de las impugnaciones de Texas a las políticas de inmigración del mandatario.

La victoria del gobierno podría ser temporal si Texas o Louisiana consiguen la intervención de la Corte Suprema federal, que en fecha reciente falló a favor de Texas y otros estados para que se restableciera una política del gobierno del presidente Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en un tribunal de inmigración de Estados Unidos.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito revocó una decisión emitida el mes pasado por un juez federal en Corpus Christi, Texas, que declaró ilegales las prioridades temporales de aplicación de la ley del gobierno de Biden. El gobierno da prioridad a la deportación de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional, las que tengan antecedentes penales graves o las detenidas al cruzar la frontera.

Las prioridades provisionales, que se prevé serán sustituidas por una disposición definitiva este mes, se ciñen bastante a las directivas del presidente Barack Obama y representan un marcado distanciamiento de las de Trump, que había convertido en prioridad para deportación a cualquier persona que se encontrara sin permiso en el país. La corte subrayó que hubo 25 mil 916 arrestos para deportación con las normas provisionales de febrero a julio, una cantidad 33 por ciento menor a los 39 mil 107 durante el mismo periodo de un año antes, aunque los arrestos de personas por “delitos graves con agravantes” aumentaron en unos dos mil en el mismo tiempo.

El juez de circuito Gregg Costa, nombrado por Obama, escribió que los criterios de aplicación de la ley están dentro de la autoridad del presidente y citó una “tradición enraizada sobre la discreción de aplicación de la ley en lo que atañe a las decisiones que ocurren antes de la detención, como quién debe ser sujeto a procedimientos de arresto, detención y expulsión”.

Se le sumaron la jueza Leslie Southwick, nombrada por el presidente George W. Bush, y el juez James Graves, nombrado por Obama.

Ni los fiscales generales de Texas y Louisiana, ni el Departamento de Seguridad Nacional, respondieron de momento a solicitudes de comentarios.