A medida que la crisis climática se intensifica, también lo hace la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente. Entre los sectores identificados en los que se han registrado más ataques han sido en el forestal, en la defensa del agua y represas, así como en la minería e industria extractivas, de acuerdo con la organización Global Witness.
También a ellas se suma la agroindustria, el sector de sustitución de cultivos ilegales, reforma agraria y caza ilegal.
Al presentar el informe anual de la organización internacional, Mariana Comandulli, oficial de campañas Global Witness, refirió que en 2020 se registraron 227 asesinatos de defensores, y una vez más América Latina “se consagró” con el mayor número de homicidios ya que el 72 por ciento del total fueron cometidos en la región.
Como lo adelantó La Jornada en su edición del lunes 13 de septiembre, en 2020 en México ocurrieron 30 asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente, con lo cual es el segundo país en el mundo con más crímenes de este tipo, después de Colombia, donde se reportaron 65.
Detrás de México se encuentra Filipinas con 29 casos, Brasil con 20 y Honduras con 17. Comandulli destacó que a pesar del Acuerdo de Escazú, “que la región conquistó recientemente como una nueva herramienta para luchar por los derechos de las personas defensoras de la tierra y del medioambiente, los números que tenemos en América Latina son alarmantes”, ya que concentra siete de los primeros 10 países con mayor homicidios.
Sobre lo que sucede en territorio mexicano, Luz Coral, abogada e investigadora de Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), destacó que de acuerdo con los datos que esta asociación ha documentado, en el año 2020 se registraron 65 ataques contra defensores, la agresión más recurrente fue el asesinato, seguida de las amenazas, criminalización, intimidación y estigmatización.
Indicó que el 40 por ciento de los ataques fue perpetrado por agentes del Estado. Respecto al sector con mayor número de agresiones, dijo que en primer lugar se encuentra el forestal, lo relacionados con defensa de bosques y territorios, seguido del de la construcción en vías de comunicación.
En relación a Colombia, Lourdes Castro, del Programa Somos Defensores, indicó que el incremento de asesinatos contra defensores de la tierra y el ambiente se da en un contexto más amplio “de deterioro general de la situación de derechos humanos en el país, elevándose de manera considerable el número de masacres, de desplazamientos forzados, de confinamiento de población, de reclutamiento forzado”, lo que contrasta “con el debilitamiento de los órganos de control e investigación”.
Expuso que a la violencia “endémica contra las personas defensoras de derechos humanos en general y en particular los del medioambiente”, contribuyen la generalizada estigmatización en su contra; la sistematicidad de los ataques; la impunidad, y la ausencia de un política integral de garantías para los liderazgos.
Comandulli también destacó que en el informe otro hallazgo preocupante “es el alto número de indígenas afectados por ataques letales. A nivel global, dijo, “hemos registrado 83 asesinatos de personas indígenas, mientras en América Latina son 70”.
Puntualizó que en general los datos presentados “sólo demuestran una parte de la realidad” porque no se logran documentar todos debido a la falta y acceso de información pública y la impunidad.
“Sabemos que las personas sufren una serie de ataques no letales, que computados nos llevaría a números muchísimos más altos. Recibimos testimonios diario de casos de criminalización, campañas de desprestigio, vigilancia, violencia sexual, entre muchos otros”, mencionó.
