Los poderes judiciales estatales de todo el país tienen una calificación promedio de 2.35, en una escala de tres, en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, según el estudio “Información desde y para los poderes judiciales”. 

Para el documento se analizaron factores como si los tribunales superiores y consejos de la judicatura de las entidades del país cumplían con las obligaciones de transparencia que les marca la ley, si la información es accesible fácilmente desde sus sitios de internet y si es entendible, entre otros puntos.

Entre las 53 obligaciones de transparencia que tienen que cumplir dichas entidades, más de la mitad de no presentaron la información completa.

Ninguno de los poderes judiciales del país tuvo una calificación perfecta de tres, los mejores son Yucatán, Hidalgo, el Consejo de la Judicatura Federal, Veracruz y Quintana Roo.

Entre los que obtuvieron una calificación menor de dos, están Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Jalisco.

Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y uno de los autores del estudio, señaló que, aunque en términos generales el cumplimiento de las obligaciones de transparencia es superior a la media, les sorprendió que había casi una general incongruencia entre los datos que entregan en la Plataforma Nacional de Transparencia, y los que publican en sus respectivas páginas de Internet.

Al comentar el estudio, Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, se comprometió a llevar sus resultados y propuestas a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, para que las analice e integre a sus planes de trabajo.

El presidente del Poder Judicial mexiquense subrayó la necesidad de que en todo el país se tengan estándares comunes de información, por que solo midiendo los resultados de las instituciones bajo los mismos parámetros es como se podrán mejorar.

Resaltó que en su entidad se han hecho públicas ya 62 mil 824 sentencias, y no solo actuales sino de años atrás, con objeto de que puedan ser objeto de estudio y que se transparenten sus aciertos y errores.

Por su parte, Branca Ibarra Cadena, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dijo que es necesario superar el distanciamiento y secretismo de los poderes judiciales, y aunque reconoció que en las últimas décadas se ha avanzado en su transparencia, aun falta camino por recorrer.