Caracas. El gobierno de Venezuela está permitiendo que empresarios locales manejen al menos trece industrias de alimentos nacionalizadas hace una década, dijeron una decena de fuentes conocedoras de los cambios, en un intento de mejorar las operaciones tras la gestión estatal.

En esas industrias, que van desde centrales azucareras, plantas de harina de maíz, lácteos y salsas, atuneras, torrefactoras y empresas de ventas de insumos agrícolas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene la propiedad, y deja la administración a manos de terceros a cambio de pagos, según las fuentes consultadas y documentos vistos por Reuters.

La cesión del manejo de las empresas públicas es otro ejemplo de cómo Maduro revierte parte del modelo económico de su predecesor Hugo Chávez, un proceso que comenzó a inicios de 2019 cuando flexibilizó las regulaciones a la economía en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Pero parece poco probable que los cambios de dirección en las industrias estatales modifiquen drásticamente la producción en el sector agrícola y agroindustrial después más de una década de deterioro y años de hiperinflación, dijeron analistas.

"Con la crisis económica está cambiando el modelo de gestión para mejorar el ingreso o reducir el gasto público", dijo Richard Obuchi, economista de la firma local ODH. "El control gubernamental ha ido perdiendo sentido", agregó.

Los nuevos administradores asumen las inversiones y las nóminas, además de destinar una parte de la producción a los planes oficiales de distribución de comida y aportar ingresos a fondos de instituciones, según las fuentes.

Una de las empresas que tiene nueva dirección desde hace tres meses es la Industria Venezolana Maicera Pronutricos, tomada por el Estado hace 11 años. Sus plantas para procesar harina de maíz precocida son manejadas por la compañía regional Alimentos El Maizal.

La empresa privada firmó un contrato de arrendamiento por cinco años en el que pagará al mes un monto equivalente a unos 16 mil dólares, de acuerdo con el documento visto por Reuters.

Estos arreglos en parte se amparan en una "ley antibloqueo", aprobada en 2020 por la oficialista asamblea constituyente que cesó funciones en diciembre pasado, que permite pactar de manera confidencial contratos con privados y modificar la "gestión, administración, funcionamiento y participación del estado" en empresas públicas o mixtas.