Chilpancingo. Al recibir la presea “Sentimientos del Pueblo”, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dijo que “la lucha social, ha sido la conciencia del pueblo, contra la tiranía de los prepotentes, de los dominadores de conciencias, de los opresores, y de la oligarquía del poder.

En el evento organizado por la Asamblea de Pueblos u Organizaciones del Estado de Guerrero (APPG), y de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales Civiles Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, reconoció “el valor de todas las personas como seres de igual dignidad y han luchado por la reivindicación de sus derechos humanos, civiles y laborales”.

En Guerrero “el movimiento social ha sido la voz y la actitud bravía y valientes de muchos guerrerenses oprimidos, de los que no han tenido voz, de los excluidos y de los marginados. La lucha social ha sido la conciencia del pueblo contra la tiranía de los prepotentes de los dominadores de conciencias, de los opresores y de la oligarquía del poder”.

“Este reconocimiento no es para mí, es para todos los ciudadanos que han luchado anteriormente y que luchan en la actualidad levantando las armas de la justicia, de la razón y de la verdad; ofrezco honra y gratitud a rodos los luchadores sociales que con la coherencia de sus vidas, con la rabia justa en sus venas no temieron represalias, la marginación, los encarcelamientos, la opresión y en algunos casos la muerte”, comentó.

“Honor y gloria a todos los mártires de las luchas sociales en el mundo, en México y particularmente en Guerrero. La presea Sentimientos del Pueblo, ofrece a todos los caídos en la lucha y en la batalla de los derechos sociales, en las causas justas y nobles, como un reconocimiento al valor de sus vidas y la razón y motivo por los que lucharon y ofrendaron sus vidas”, explicó.

Recibir la presea no es motivo de vanagloria ni de un orgullo superfluo, “es indicar y señalar que se ha trabajado por la paz y la concordia en este territorio por medio del dialogo, la honestidad y, sobre todo la verdad”, mencionó.

El diálogo como instrumento de oro para acercar las conciencias y los puntos diversos de opinión, “se ha hecho un largo camino de casi seis años, un camino, a veces oscuro, secreto. Yo guardo tantas cosas que no las puedo decir públicamente como hemos llegado a este clima relativo de paz”, dijo el obispo.

En tanto, el reportero Sergio Ocampo Arista, a nombre de los periodistas de Chilpancingo, Iguala, y Chilapa, explicó que “a menos de un mes de que Héctor Astudillo Flores concluya su mandato como gobernador del estado y en estos tres primeros años como presidente de México de Andrés Manuel López Obrador, las y los periodistas de Guerrero elevamos la voz para denunciar los ataques contra la libertad de expresión y el ejercicio de nuestra profesión”.

Muchas de estas agresiones son cometidas por las autoridades pero “también, en complicidad con las organizaciones delictivas que desde hace años han sembrado el terror en varias zonas de Guerrero. Durante el gobierno de Héctor Astudillo han sido asesinados ocho periodistas: Francisco Pacheco Beltrán, Cecilio Pineda Birto, Víctor Fernández Álvarez Chávez, Pamela Montenegro, Gabriel Soriano, Edgar Alberto Nava López, Erick Castillo Sánchez Kuri y Pablo Morrugares y decenas de ataques contra otros comunicadores que han quedado en la impunidad”.

La inacción del Estado para garantizar la seguridad para que las y los periodistas ejerzan su labor, ha provocado que regiones como la Tierra Caliente, la Sierra, y municipios como Chilapa, Iguala y Acapulco se hayan convertido en zonas de silencio “en la Tierra Caliente se vive una situación similar, donde los criminales impusieron su ley a todos, no sólo a reporteros sino al comercio, a la clase política, a transporte sin que ninguna autoridad se los impida”, destacó el corresponsal de La Jornada.

Es evidente que esta organización delictiva puede amenazar a la prensa porque goza de la protección de las autoridades de los tres niveles de gobierno “la autoridad del más alto nivel sabe perfectamente el modus operandi de estas agrupaciones pero no hace nada para detenerlas y que paguen con cárcel por las atrocidades que cometen contra la ciudadanía”.

“El pasado 16 de julio durante la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a Chilpancingo, periodistas le solicitaron que bajara el vidrio de la puerta de la camioneta en que viajaba para entregarle un documento. En ese escrito se le pedía su intervención para que un grupo de siete reporteros de Iguala que fueron desplazados desde el 2020 por las amenazas de integrantes de una agrupación delictiva se les garantice el retorno a su ciudad y el derecho a su libertad de prensa”, mencionó.

“El periodista Jonathan Cuevas, uno de los siete compañeros desplazados de Iguala, realizó una protesta en la Secretaría de Gobernación para denunciar que un funcionario del ayuntamiento de Iguala ofreció un pago de 25 mil pesos a un grupo de pistoleros para asesinarlo por órdenes del alcalde, el morenista Antonio Salvador Jaimes Herrera”, explicó.

Por lo tanto “desde esta declaración pública le exigimos al gobierno que detenga las agresiones contra los periodistas de Guerrero y garantice la libertad de prensa. Exigimos el esclarecimiento de los asesinatos de los periodistas guerrerenses”.

Los ocho homicidios ocurrieron durante el actual gobierno de Héctor Astudillo Flores y todos permanecen en la impunidad “por todo lo anterior responsabilizamos de lo que pueda suceder a nuestras familias al presidente Andrés Manuel López Obrador; al gobernador Héctor Astudillo Flores; al secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca; al Director de la Policía Ministerial, Esteban Mendoza; al Fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos”.