Ciudad de México. Organizaciones presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y promovieron dos amparos indirectos en juzgados de Tabasco y Ciudad de México por las expulsiones de migrantes que han sido trasladados vía aérea desde Estados Unidos al sur del país.

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Asylum Access México, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Sin Fronteras IAP , señalaron que la queja y los amparo promovidos exponen “cómo el gobierno de México realiza deportaciones ilegales, masivas y ‘en caliente’, de madrugada y por puntos no establecidos; así como devoluciones en cadena”.

Mencionaron que las personas son expulsadas, bajo el Título 42, desde Estados Unidos a aeropuertos del sur, en Chiapas y Tabasco, y del centro del país, en Jalisco, Ciudad de México y otras, para después ser trasladadas vía terrestre a la frontera con Guatemala por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), “sin recibir información sobre la posibilidad de solicitar protección en México”.

En un comunicado, indicaron que entre el 5 y 31 de agosto se registraron 34 vuelos provenientes de Estados Unidos.

“Estas acciones violan el derecho al debido proceso y al asilo, establecido en la legislación nacional e internacional. Además, no toma en cuenta el interés superior de la niñez ni la perspectiva de género, y transgrede el principio internacional de no devolución que establece, a los Estados firmantes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (entre ellos México), la prohibición de expulsar a las personas con necesidades de protección internacional al país del que escaparon y donde sus vidas pueden estar en riesgo”, indicaron las organizaciones.

Agregaron que “la complicidad” del gobierno mexicano con el estadunidense “también incumple con el compromiso asumido el 21 de marzo de 2020 en la nota informativa emitida por la Cancillería mexicana”, en la que se señala que se recibirán a 100 personas diarias, con excepción de aquellas vulnerables a la Covid-19 –como niñez y mujeres embarazadas-, de Guatemala, Honduras y El Salvador.

“No obstante, se ha registrado la expulsión de personas de nacionalidades diferentes a las señaladas, de mujeres embarazadas y niñez, y un mayor número respecto del comprometido”, manifestaron.

La queja y los amparos presentados por las organizaciones señalan como autoridades responsables al INM, la Guardia Nacional, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del instituto, al Congreso de la Unión, la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Ejecutivo federal.

Expusieron que en los siguientes días organizaciones regionales enviarán una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “llamándola a solicitar información a los gobiernos acerca de las expulsiones; se pronuncie contra las violaciones a derechos que representan las devoluciones en cadena de personas que buscan protección, y solicite información sobre los recursos jurídicos que tiene esta población con riesgo de expulsión en Estados Unidos y México”.