Integrantes de la organización 20 Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes que tomaron las instalaciones de la empresa Bonafont, anunciaron que promoverán denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las intimidaciones y persecución de la que han sido objeto por parte de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y representantes de la empresa.

En conferencia de medios subrayaron que las denuncias penales en contra de integrantes del movimiento por parte de la trasnacional francesa son una muestra más de la vulneración a sus garantías individuales, las cuales se suman a los casos de intimidación, agresiones y persecución que se han registrado en su contra desde que el pasado 20 de marzo, fecha en la que clausuraron la planta, la cual tomaron en agosto pasado.

Manifestaron que en los últimos meses han documentado las intimidaciones por parte de la Guardia Nacional y de la Policía estatal, cuyos agentes se detienen frente al plantón y toman videos y fotografías o vuelan drones sobre la planta que funciona como la Casa de los Pueblos.

Además trabajadores de la empresa empujan a los pobladores e incluso les avientan los vehículos de la empresa al circular por el municipio. 

Los activistas subrayaron que con las acciones penales inicia la represión y criminalización en contra del movimiento que ha buscado preservar el agua de las comunidades de la región, además de que con estas la empresa agota su última alternativa para recuperar la planta de la que extraían más de 1 millón de litros diarios de agua, lo que secó los manantiales del pueblo. 

Manifestaron que se enteraron de las denuncias penales debido a que Fabrice Salamanca, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bonafont,  hizo una serie de declaraciones públicas en el sentido de que procedió penalmente por la toma de las instalaciones, por lo que advirtieron que si criminalizan a uno, lo hacen con todos los integrantes de los 20 pueblos.  

“Hasta la fecha nosotros desconocemos contra quién van dirigidas estas denuncias pero cualquier intento de criminalización nos afecta a todos los pueblos. Para nosotros esos señalamientos violan nuestros derechos, puesto que somos defensores ambientales, no criminales”, sentenciaron. 

Asimismo, solicitaron de manera formal ante el ayuntamiento que emita el decreto expropiatorio por causa de utilidad pública para recuperar el terreno donde se ubica la embotelladora, que han sido convertidas en la Casa de los Pueblos.