Ciudad de México. Cuando Noemí Arzate iba a pedir trabajo acompañada de sus amigas, sabía que a sus compañeras probablemente las llamarían para darles una oportunidad laboral, pero a ella no. Ante los ojos de sus empleadores, ser una mujer trans era una característica que, al parecer, la dejaba fuera de cualquier posibilidad.

“Vivo en una colonia donde hay muchas empresas y bodegas. Posiblemente a mis amigas heterosexuales las iban a llamar y a mí no, porque yo era la única chica trans. Te presentas a las convocatorias, pero te miran horrible y ya entras con pavor, el mismo que sientes en tu familia y en la sociedad. Te toman la entrevista, sí, pero no te llaman”, cuenta.

Ante la imposibilidad de conseguir un trabajo asalariado, “a nosotras nos orillan a ser estilistas, a tener un negocio de comida o a ejercer el trabajo sexual. Es lo único que como mujeres trans podemos tener, porque no hay oportunidades laborales, ni tampoco para seguir con nuestros estudios”.

Aunque Noemí logró convertirse en deportista amateur con reconocimiento internacional y hoy se desempeña como encargada de atención a la diversidad sexual y de género de la Alcaldía Azcapotzalco, la enorme mayoría de las personas transexuales no logran trascender las graves limitaciones sociales que les provoca la discriminación, lamenta.

“A la edad de 5 o 6 años, nos empezamos a identificar, a darnos cuenta de que el sexo biológico asignado no concuerda con nuestra identidad. Llega la adolescencia y es más complicado, porque como mujeres trans empezamos a transitar, nuestros cuerpos empiezan a cambiar y necesitamos endocrinólogos y atención médica. Cuando eso pasa, te cierran la oportunidad de poder trabajar dignamente”.

La discriminación priva de lo más básico

Aunque prácticamente no se le ha estudiado como un factor que incida para que una persona caiga o no en condiciones de pobreza, el hecho de pertenecer a algún grupo de diversidad sexual es un elemento determinante que, en efecto, puede llevar a la precariedad económica, señalan activistas y expertos en el tema.

Francisco Robledo Sánchez, fundador y director de la consultora Adil México –especializada en temas de respeto e inclusión laboral hacia personas LGBTI+--, consideró que la “discriminación sistemática” que enfrenta este sector de la población lo priva en muchas ocasiones del acceso a la educación, el empleo, la salud, la alimentación y el soporte de un grupo social que le permitan consolidarse económicamente.

“La precariedad es la consecuencia máxima del acoso. Aunque no haya violencia física, te llevan a un aislamiento personal, y entonces quizá estás dejando de desarrollar habilidades personales que te permitan defenderte en el mundo y abrirte las puertas del trabajo”, consideró.

De acuerdo con el estudio “Equidad MX. Mejores lugares para trabajar LGBT 2021”, elaborado por la Human Rights Campaign Foundation, existen sólo 235 empresas en México que participan en programas de equidad laboral e inclusión de grupos de diversidad sexual, y aunque el tema ya está empezando a discutirse públicamente, dicha cifra “todavía es un número ínfimo”, deploró.

En la Encuesta sobre Diversidad y Talento LGBT en México 2018, elaborado por Adil México, se documentó que una cuarta parte de las personas de grupos de diversidad sexual (23.6 por ciento) se han formado en carreras relacionadas con negocios y administración, mientras que el 12 por ciento se dedican a temas de salud y 9.7 por ciento, a las ciencias sociales y estudios del comportamiento.

Un dato que pone de relieve el estudio es que el 41 por ciento de las personas trans que buscan empleo y respondieron la encuesta, tienen estudios superiores, pero a pesar de ello, son quienes tienen menos oportunidad de conseguir un puesto de trabajo.

De igual forma, se documentó que de las personas LGBTI+ que ya cuentan con empleo, sólo el 2 por ciento ocupan puestos de altos mandos, y que el 46 por ciento de las personas no heterosexuales tiene la necesidad de trabajar sin haber tenido antes la oportunidad de terminar la etapa de estudios superiores.

Para Robledo, uno de los principales elementos que facilitarán un cambio en el ámbito laboral para que los grupos de diversidad sexual puedan acceder con más facilidad al trabajo es “esperar 20 años a que las actuales generaciones, que viven la inclusión de manera cotidiana, tengan liderazgos sociales y empresariales, cuando muchas generaciones estemos fuera y nuestras opiniones ya no pesen tanto”.

Prejuicios médicos, vigentes

Por su parte, José Arturo Granados, médico, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, coincidió en que la orientación sexual y la identidad de género “son un indicador de desigualdad social muy documentado”, el cual se manifiesta no sólo en la falta de acceso al empleo, sino también a los servicios de salud.

“Las personas LGBT+ presentan un perfil de morbimortalidad muy diferente al de las personas heterosexuales. En términos generales, tienen tasas más altas de trastornos de salud mental, particularmente por ansiedad, depresión, conducta suicida y suicidio”, además de que acuden menos a consultas preventivas por temor a ser discriminados, lo que los lleva a una menor detección oportuna de ciertas enfermedades prevenibles, indicó.

Las personas transexuales en particular “tienen peores indicadores de salud. Para empezar, tienen una esperanza de vida de alrededor de 35 años, cuando el promedio de la población en general está por arriba de los 70 años, y esa diferencia tiene su origen en procesos sociales. Hay una relación entre el rechazo social a la diversidad sexual y las enfermedades que tiene esta población”.

Si tener derecho a la salud y la seguridad social es ya difícil, el problema continúa al llegar a un hospital público. “La profesión médica sigue teniendo un matiz conservador, con muchos prejuicios que se manifiestan en la atención a los pacientes.

“El personal sanitario considera que los problemas de salud de las personas LGBT se deben a su orientación sexual, a su ‘mala conducta’, como los supuestos excesos y la promiscuidad, y ese es el primer prejuicio que habría de erradicar”.

Noemí Arzate recuerda, por ejemplo, que al acudir a centros de salud a que se atendiera a sus hijos, con mucha frecuencia “te ven mal, te dan cita hasta que ellos quieren, y aunque mi identificación diga ‘Noemí’, te dicen ‘señor’”.

Necesario, un organismo especializado de atención

Para el activista Jaime López Vela, fundador de la organización civil Agenda LGBT, es “grave” que los grupos de diversidad sexual no tengan un programa específico de atención como sector vulnerable, de la misma manera que lo tienen los migrantes, adultos mayores, mujeres, indígenas o personas con discapacidad.

“Detrás de la parte colorida y festiva, que es la más visible, hay una población que vive situaciones de extrema marginación por haber sido expulsada de su casa, por no haber podido concluir su educación, porque no te contratan en ningún lado porque eres muy femenino o muy masculina, o tienes una apariencia que no le gusta a las empresas”, recalcó.

Ante dicho escenario, llamó a buscar la metodología indicada para recabar las cifras de la cantidad de personas LGBTI+ que se encuentran en una situación de precariedad, y de esta forma saber la magnitud del fenómeno de desempleo o subempleo, aunque admitió la dificultad de la tarea, pues la orientación sexual es un dato personal sensible “que podría malutilizarse para tenerte ubicado”.

Por otro lado, estimó que sería deseable lanzar políticas de discriminación positiva o de “acciones afirmativas”, así como impulsar programas de certificación de empresas libres de discriminación, las cuales puedan aspirar incluso a exenciones fiscales u otros beneficios económicos.

Pero sobre todo, dijo López Vela, es necesario diseñar estrategias de educación sobre temas de sexualidad para comenzar a revertir la discriminación y la homofobia desde las primeras etapas de formación escolar de todas las personas, y así terminar con la vulnerabilidad de los grupos LGBTI+.

Para instrumentar dicha tarea, estimó, debe formarse una entidad coordinadora en la materia, la cual no necesariamente debe ser un instituto, “para no duplicar funciones con otros organismos y no crear más burocracia”.