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Urge CCE liberar la red ferroviaria de Uruapan, Michoacán

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En imagen de archivo, bloqueo de la CNTE en las vías en Uruapan, Michoacán. Foto cortesía maestros
05 de septiembre de 2021 15:27

Ciudad de México. Tras 36 días de bloqueo de vías férreas en Michoacán, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en apego al estado de Derecho y a la cultura de la legalidad, urge al gobierno mexicano aplicar la ley y liberar la red ferroviaria de Uruapan, ya que dicha parálisis está dejando daños a las industrias de la siderúrgica, cementera, agroindustrial, automotriz y de hidrocarburos, así como de artículos de primera necesidad.

El secuestro de vías por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde el pasado 31 de julio tiene paralizado al sector productivo que abastece al país y a sus principales socios, así como las importaciones, generando un importante daño a la economía y al comercio internacional.

Y es que las vías férreas de Michoacán son una ruta clave para la operación de puntos estratégicos como el puerto de Lázaro Cárdenas, esto afecta no sólo al crecimiento y al desarrollo económico, sino también a la imagen internacional y credibilidad de México como socio comercial.

La cúpula del sector privado reveló que desde que las vías están tomadas (31 de julio), diariamente se evita el paso de alrededor de siete trenes, cada uno con una carga aproximada de 5 mil 500 toneladas de materias primas y productos diversos (un millón 386 mil toneladas se han dejado de transportar en 26 días de bloqueo).

Por lo anterior, el sector empresarial hace un imperioso llamado al gobierno de México, quien está obligado, no sólo a dar garantías y certidumbre a sus socios comerciales, sino a solucionar los conflictos que ponen en riesgo a la economía y la integración de las cadenas de suministro del país, alertó en un comunicado.

El Consejo Coordinador Empresarial considera inaceptable que este tipo de actos se normalicen y que las autoridades se mantengan al margen ante la gravedad de estos hechos. Por el bien de la economía de las familias mexicanas y de la industria, la iniciativa privada hace un llamado urgente al gobierno federal para dar fin a esta situación, que a todas luces es ilegal.

 

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