Santiago. La Convención Constitucional cumple dos meses de sesionar en Chile y algunas encuestas muestran una reducida aprobación a su desempeño, desgaste atribuido por la presidenta Elisa Loncon a una campaña de desprestigio que se articula en redes sociales y que es orientada sistemáticamente por convencionales ultraderechistas.
“Mucha de esa reprobación es fomentada por sectores que no validan el trabajo de la Convención. Se inventan realidades inexistentes y es cosa de ver Twitter. Lamentablemente hay gente que se queda con esa información, que es errada, muchas mentiras. Ustedes saben cuánto se ha usado la mentira para invalidar nuestro trabajo”, dijo Loncon a periodistas.
A fines de agosto una encuesta de la firma Criteria situó en 30 por ciento la aprobación al desempeño y en 40 puntos el rechazo; en otra medición las cifras son peores.
Loncon reconoció que se deben mejorar las comunicaciones para “llegar a todos los rincones para contrarrestar las mentiras que se dicen”, insistió en que “la tendencia es impulsada por esta campaña en contra del trabajo de la Convención” y prometió “tomar mayor contacto con los territorios” para que “la ciudadanía no se deje llevar por tanta falsedad”.
El oficialismo derechista eligió a 37 de 155 integrantes, que no le alcanzan para el tercio necesario para bloquear el nuevo articulado. Eso la llenó de impotencia y la hizo aislarse, recurriendo al desprestigio. A mediados de agosto, 15 de los 37 hicieron pública una carta afirmando que “queremos ser parte del reencuentro entre los pueblos originarios y Chile”, y que “reconocemos que, ya sea como Estado, como sociedad o como personas, se han cometido errores e injusticias, siendo una de ellas la poca comprensión que hemos tenido de las realidades y perspectivas propias de los pueblos originarios. Chile tiene una ‘deuda histórica’ y nos comprometemos a contribuir a su solución”.
Pero los 22 que no firmaron la carta, mayoritariamente de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI) y del pinochetista Partido Republicano, han persistido en el sabotaje de la Convención por la vía del desprestigio.
Más allá de lo anterior, los convencionales lograron darse un orden para funcionar y acordaron ocho comisiones que orientan su trabajo: Comunicaciones, Información y Transparencia; Presupuesto y Administración Interior; Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición; Descentralización, Equidad y Justicia Territorial; Ética; Participación Popular; Participación y Consulta Indígena; y de Reglamento.
Ahora es prioritario que la de Reglamento haga una propuesta de las reglas por las que se regirán en los diez meses que les restan para producir el nuevo texto. Ese reglamento debería estar sancionado a mediados de septiembre.
Entre los hechos relevantes de la Convención, destacan dos acuerdos de la Comisión de Derechos Humanos que quería incluir en el reglamento. Uno para terminar con el secreto que por 50 años protege el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, elaborado en 2005, que detalla los tormentos infringidos individualmente a cada víctima por los esbirros de Pinochet; y otro para reemplazar a la policía militarizada de Carabineros, muy desprestigiada y permeada por la corrupción, por una de tipo civil. Ambas acuerdos no fueron incluidos como parte del reglamento.
También terminó de consumarse la ruptura y disolución de la denominada Lista del Pueblo, el grupo inorgánico de independientes que en mayo dio el batatazo al elegir, sin recursos y contra todo pronóstico, a 27 de 155 convencionales. Cohesionados exclusivamente por su repudio a los partidos políticos, a medida que al interior del grupo se acrecentaron diferencias en torno a su visión de país y crecieron apetitos electorales para competir en las presidenciales y legislativas de noviembre, se rompieron las confianzas y eso derivó en una diáspora: sucesivamente se marcharon 1o y esta semana 17 anunciaron que pasan a formar el colectivo Pueblo Constituyente.
