Mexicali, BC. En las acciones del combate a la corrupción, la administración de Jaime Bonilla sancionó únicamente a dos servidores públicos por irregularidades administrativas, denunció a 13 empleados por presuntos delitos y contrató sin licitar el 75 por ciento de servicios, adquisiciones y arrendamientos.

A nivel nacional, ocupa el último lugar de sanciones administrativas de servidores públicos que cometieron alguna falta durante 2020, según el capítulo "Control Interno y Anticorrupción" del Censo Nacional de Gobiernos Estatales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública y sus 36 órganos internos de control sancionaron apenas a dos servidores públicos por faltas administrativas. Estas sanciones, producto de procedimientos administrativos, son inhabilitaciones, amonestaciones y resarcimiento de daño, aunque estos casos no se precisan en el CNGE.

También se señala que se presentaron 13 denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra empleados que presuntamente cometieron algún delito durante sus funciones, a pesar que desde su creación —en noviembre de 2019— permanece sin funcionar la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, cuyo titular debe ser seleccionado por el Congreso local de una terna propuesta por el gobernador.

También, uno de cada dos contratos de adquisiciones, servicios y arrendamientos otorgados por el gobernador Jaime Bonilla se hizo sin convocar a licitación pública alguna pues se asignaron directamente a empresas privadas.

Durante los primeros ocho meses de la pandemia, el gobierno de Baja California formalizó contratos por casi cuatro mil millones de pesos, de los cuales el 44.4 por ciento se entregó de forma directa a empresas, seguido a un 28 por ciento mediante "otros contratos" no considerados dentro de licitaciones públicas o invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores, de acuerdo a un informe del INEGI.