Al resolver una queja promovida por el PAN en contra de los gastos de campaña del gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, postulado por los partidos Verde y del Trabajo, el Instituto Nacional Electoral impuso una sanción de 4 millones 691 mil pesos, por diversas irregularidades cometidas en su reporte de gastos de campaña. Sin embargo, a pesar de que se le acumularon estos gastos no reportados o subvaluados, se determinó que no hubo rebase de topes de gastos de campaña.

Durante la sesión, a petición de diversos partidos entre ellos, Morena y PT, se determinó retirar los dos puntos más polémicos: la triangulación financiera mediante el cual el PT desvió recursos públicos entregados para la operación de Centros de Atención Infantil por el gobierno de Nuevo León, por lo que se proponía una sanción de 119.8 millones de pesos y la multa por 4.2 millones de pesos a Morena por financiamiento irregular de campañas electorales en el estado de México, que involucra a su entonces candidata y actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez

En esta sesión se aprobó la reconformación de las presidencias de las diversas comisiones de trabajo de consejeros del INE, lo que motivó la inconformidad de Carla Humprhey, quien se había quedado sin presidir ninguna de ellas, por lo que cuestionó los mecanismos de designación. Tras un debate se realizaron cambios a fin de designarla como titular de la comisión de Organización.

De igual forma se conoció el informe de la actuación del INE en el proceso electoral de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.

Durante el debate en torno al financiamiento de Gallardo, chocaron las posturas de los representantes del PAN, Víctor Hugo Sondón y del Verde, Marco Antonio Gómez Alcántar. El panista descalificó el dictámen de la Unidad Técnica de Fiscalización por considerar que en esa elección, Gallardo realizó un “derroche absoluto” de gastos y omitió reportar otros egresos que se hicieron durante esa contienda.

Gómez Alcántar defendió el informe de gastos de campaña, acusando al INE de no realizar la investigación exhaustivamente para determinar el egreso real. Con la participación del perredista Arturo Prida que acusó al PVEM de reiterar prácticas ilegales en el financiamiento, el tema derivó en un áspero intercambio de acusaciones entre el PAN y el PRD con el representante ecologista previo a la aprobación sin cambios del dictamen.

La consejera Adriana Favela, presidenta de la comisión de Fiscalización resumió las irregularidades detectadas como la subvaluación del monto real de los gastos; omitir algunos egresos; recibir dinero por un ente prohibido (el sindicato del Colegio de Bachilleres), entre otros.