Nueva York. La firma Purdue Pharma, fabricante del analgésico OxyContin, considerado el generador de la crisis de los opioides en Estados Unidos, será disuelta mediante un plan aprobado ayer por un juez federal. Sin embargo, la familia Sackler, dueña de la compañía, quedó a salvo de más penalidades aunque deberá pagar 4 mil 500 millones de dólares para saldar múltiples demandas.

“Purdue dejará de existir y sustancialmente todos los activos operativos serán transferidos a una nueva compañía recientemente formada con la misión de ocuparse de la crisis de los opioides”, dijo la firma en un comunicado.

Ante una avalancha de demandas, en octubre Purdue se declaró culpable de tres cargos criminales por su agresiva promoción del altamente adictivo analgésico que atizó una crisis nacional que en los últimos 20 años causó más de 500 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos.

La empresa se venderá en 2024 para ser reemplazada por una nueva entidad administrada por un fondo que deberá “restringir la promoción de opioides y (...) garantizar que todos sus productos, incluidos los opioides, sean ofrecidos de manera segura para reducir el riesgo de desvíos”.

Purdue también deberá crear un depósito para decenas de millones de documentos que detallen sus prácticas de ventas y marketing.

El director general de Purdue, Steve Miller, elogió el acuerdo que puso fin a la saga y proporcionará miles de millones de dólares a diversas organizaciones para hacer frente a las consecuencias de la crisis de adicción.

En lugar de años de destructivos litigios, el acuerdo “asegura destinar miles de millones de dólares para ayudar a personas y comunidades afectadas por la crisis de los opioides”, dijo Miller en un comunicado.

El plan ya había recibido el respaldo de 95 por ciento de los acreedores de la compañía así como de 43 estados estadunidenses, precisó la firma en un comunicado.

Pero la decisión judicial dice que los Sackler “no tendrán responsabilidad” por costos o multas salvo casos “de fraude o mala conducta intencional”.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, elogió el acuerdo y destacó que los documentos revelarán el papel de la empresa “en el desencadenamiento de la epidemia de opioides”.

“Ningún trato es perfecto, y ninguna cantidad de dinero compensará los cientos de miles que perdieron la vida, los millones que se volvieron adictos o las innumerables familias destrozadas por esta crisis, pero estos fondos se utilizarán para prevenir futuras muertes”, dijo.

El fiscal del estado de Washington, Bob Ferguson, anunció que apelará la decisión del tribunal de quiebras.

"Esta orden libera a los Sackler al darles inmunidad permanente a cambio de una fracción de las ganancias que obtuvieron de la epidemia de opioides, y envía el mensaje de que los multimillonarios se manejan con reglas diferente a las de todos los demás", dijo.

Los Sackler, como muchos millonarios, han hecho donaciones a instituciones prestigiosas como el Met Museum de Nueva York, por ejemplo. Muchas instituciones ahora prohíben sus donaciones.

La fortuna de la familia disminuyó por la crisis, pero aún así era de 10.800 millones de dólares a fines del año pasado, según la revista Forbes.