El Poder Judicial de la Ciudad de México ha emitido 257 sentencias definitivas en materia de extinción de dominio a favor del Gobierno capitalino y 57 a favor de personas afectadas, siendo el primero en el país en realizar una audiencia oral -en octubre de 2020-, y emitir una sentencia en esta materia, destacó su presidente Rafael Guerra Álvarez. 

Al pronunciarse por reformas al artículo 22 constitucional para ampliar la afectividad de las consecuencias de esta acción, detalló que están en proceso 246 expedientes por narcomenudeo; 123 por robo y 66 por trata de personas. 

También se tienen 46 por secuestro, 12 por encubrimiento y 4, por delincuencia organizada, pues actualmente sólo son susceptibles de extinguir su dominio aquellos bienes de carácter patrimonial, por el origen ilícito de los mismos. 

En el Congreso Nacional de Derecho Civil destacó que con dicha reforma, la extinción de dominio se aplicaría a aquellos bienes que sean instrumento, objeto o medio de hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización, o se hayan utilizado con fines delictivos; y los intereses y ganancias derivadas de los mismos. 

 “Esta reforma es necesaria para que México cumpla con sus compromisos convencionales de combatir la corrupción y el crimen organizado, y garantizar, de esta forma, el derecho humano de todas las personas a una vida tranquila, con seguridad y dignidad”, comentó. 

 Propuso, además, avanzar en la definición del nuevo perfil del juez oral de extinción de dominio, a fin de desarrollar las técnicas y destrezas que le permitan desenvolverse en el sistema de audiencias, con lo que se contribuiría a la calidad de las decisiones judiciales. 

 Hasta el momento, en el PJCDMX se han recibido 479 demandas en la materia, de las cuales 404 se tramitaron con las formalidades del proceso escrito y 75 bajo el proceso oral, por lo que se continuará con la actualización de los programas de estudio. 

 Se trata, dijo, de mejorar la comunicación con los justiciables, transparentar la actuación de los jueces y legitimar socialmente su papel como impartidores de justicia, garantizando al mismo tiempo objetividad y profesionalismo en su desempeño. 

 El Poder Judicial está comprometido a continuar mejorando el sistema de impartición y administración de justicia, “evidenciando el combate a la impunidad, el crimen organizado y la corrupción, en franco respeto a los derechos humanos de todas las personas”, enfatizó.