Acapulco, Gro. Este lunes a las 2 de la tarde se reanudaron los trabajos de localización de Vicente Suástegui (hermano del dirigente opositor a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz), quien fue privado de su libertad el pasado 5 de agosto a las 22:45 horas, cuando manejaba el taxi colectivo en el que laboraba, en la colonia Ciudad Renacimiento.
Esta es la tercera etapa labores y octavo día de rastreo de Vicente que encabeza la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que inició labores en Acapulco el pasado 14 de agosto, principalmente en puntos y colonias de la periferia y zona rural del municipio.
En esta ocasión la búsqueda se efectuó en terrenos y caminos fangosos y pantanosos del poblado de San Pedro Las Playas, aledaño a la laguna de Tres Palos, sin resultados.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, explicó que se cuenta con información de que en dicha zona hay casas de seguridad a donde son trasladadas, torturadas y asesinadas personas privadas de su libertad. Sin embargo, las lluvias ocasionadas por el paso de la tormenta Nora impidieron esta tarde el acceso a algunos terrenos, debido al nivel del agua.
Suástegui Muñoz resaltó el interés del gobierno federal en encontrar a su hermano Vicente.
En contraparte, lamentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, no ha aportado elementos de prueba para los rastreos encabezados por la CNB, y tampoco ha mostrado avances en la investigación, no obstante que ya hay una persona detenida por la desaparición de su hermano.
Suástegui Muñoz manifestó que "la Fiscalía está dejando correr el tiempo, le están apostando al desgaste, al olvido, le están apostando a lo mismo de siempre, a la simulación".
Acusó que "no hay un compromiso real con las víctimas, con los familiares, no hay un compromiso real con este delito tan grave que es la desaparición".
Los rastreos de esta semana encabezados por la CNB concluirán el próximo jueves.
En esta ocasión participaron peritos de búsqueda de la FGE, la Comisión estatal de Búsqueda de personas, y el centro de defensa de derechos humanos Tlachinollan, además de la Guardia Nacional.
