Tijuana. Con los albergues llenos unos dos mil migrantes centroamericanos viviendo en la calle –en El Chaparral-, 450 deportados “que llegan diariamente sin dinero ni un sitio a dónde ir”; decenas de guerrerenses y michoacanos que vienen huyendo de la violencia, la alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz Macfarland, lanzó un SOS al gobierno federal para que coordine con los municipios la ola migratoria que se mueve por el país.
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos resolvió el martes pasado que se reactivará el plan Quédate en México, y aunque no se sabe cuántas personas regresarán por esta frontera y cuándo, las organizaciones no gubernamentales como Alma Migrante, pidieron al gobierno mexicano que no acepte esa decisión, que puso en alerta a las autoridades fronterizas.
Si el gobierno federal dice “Sí, vamos a recibir, qué nos diga cómo”, comentó la alcaldesa. A Tijuana –a la presidencia municipal- nadie le da siquiera una lista de deportados, simplemente “me deportan entre 400 y 450 personas diarias… en el centro del país se toman decisiones pero no vienen acompañadas de apoyos, nos dan participaciones con base en un millón 800 mil personas …”.
La ciudad “es muy bondadosa pero necesitamos un poco de orden”. La presidenta municipal, que termina su mandato el próximo 30 de septiembre, se quejó de que el Instituto Nacional de Migración no tiene un control sobre los extranjeros que llegan a Tijuana, no hay un registro, tampoco recursos económicos para atenderlos “y el dinero no alcanza”. “Necesitamos que nos digan: ¡Oye!, Alcalde, estamos pensando en hacer esto… no que uno se entera igual que ustedes, por los medios de comunicación”.
Karla Ruiz narró que la presidencia municipal se ha enterado de situaciones irregulares en El Chaparral –el campamento de centroamericanos y hondureños que está en la línea fronteriza-, sin embargo por ser un predio federal la policía municipal no puede intervenir, “están haciendo cosas incorrectas pero no podemos intervenir porque son migrantes… queremos ayudar, no se trata de perder el lado humano, pero hay que hacerlo con un poco de orden”.
Las denuncias por venta de drogas al menudeo en la zona de El Chaparral son cosa común, así como los señalamientos por la existencia de un grupo que controla donaciones y vivires. El campamento migrante es territorio vedado no sólo para la policía, sino también para la prensa. La última vez que un par de reporteros intentaron acercarse a quienes ahí viven fueron correteados, literalmente, por un haitiano que los amenazaba con un bate.
“La Corte Suprema de otro país no puede obligar a nuestras autoridades a hacer el trabajo de las suyas” señaló Graciela Zamudio Campos, directora de Alma Migrante. Mientras que José María García Lara, director del albergue Juventud 2000 y coordinador de Alianza Migrante, apuntó que los albergues de la ciudad están saturados y que si México acepta el retorno de los migrantes que ya tienen un proceso abierto en Estados Unidos, la ciudad podría entrar en una verdadera “crisis migratoria”.
Algunos albergues han tenido brotes de varicela y para evitar problemas de Covid, redujeron el número de personas que aceptan en sus instalaciones. Esta ciudad, con una tradición de solidaridad –durante años el foco estuvo en los mexicanos repatriados- cuenta con alrededor de 20 espacios sostenidos por organizaciones religiosas y asociaciones civiles, y actualmente una organización estadounidense remodela un edificio para dar alojamiento a familias que huyen de Afganistán.
