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Queja en Derechos Humanos de Hidalgo por detención injustificada de activista

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María Estela Vargas y sus acompañantes fueron retenidos en la cárcel comunitaria de Santa Ana Tzacuala, en el municipio de Acaxochitlán, luego de brindar asesoría legal a una mujer por el despojo de un predio. Foto Juan Ricardo Montoya
29 de agosto de 2021 15:58

Acaxochitlán, Hgo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) abrió el oficio CDHEH-TB-0155-21 por una queja de detención injustificada, por más de 25 horas, de la activista y artesana María Estela Vargas y de otras 4 personas.

Vargas, de origen náhuatl, y sus acompañantes, fueron retenidos en la cárcel comunitaria de Santa Ana Tzacuala, en el municipio de Acaxochitlán, luego de brindar asesoría legal a una mujer indígena que acusó a un hombre de intentar despojarla de parte de su predio.

En entrevista, la activista relató que durante la detención nunca se le informó el motivo del encarcelamiento."Solo me decían que era por usos y costumbres y meterme en lo que no debía".

Tras ser liberada, la activista acudió a la CDHEH a iniciar la queja con folio CDHEH-VG-1273-21.

María Estela dijo que su arresto fue ordenado por Sergio Martínez Vargas; José Luis Martínez Hernández, Fernando Xoxocotla Bustamante y Néstor Vargas Xolalpa, delegados auxiliares primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente, del municipio de Santa Ana Tzacuala.

Afirmó que piensa que su detención, junto con la de otros activistas, fue porque brindarle asesoría a una indígena de nombre María Esperanza, de 75 años de edad, "que no sabe leer ni escribir" pues no sabe hablar español, sólo náhuatl.

Según su versión, un individuo de nombre David Longino Martínez intentó despojar a María Esperanza de parte de su terreno luego de que ella le arrendara unos cuartos, pero posteriormente, el inquilino no se quiso salir.

El jueves, la señora María Esperanza contrató a cuatro trabajadores para que cambiaran el techado de lámina de su casa y de los cuartos. Tres hombres y una mujer, esposa de uno de los peones.

Esto molestó a David Longino, quien acudió a la Delegación Municipal de la comunidad a quejarse y acusar que los obreros se habían metido a su casa.

Sergio Martínez Vargas y José Luis Martínez, primer y segundo delegado de la comunidad se presentaron allí acompañados de policías comunitarios.

Dos abogadas, una de ellas identificada como Guadalupe Badillo, quienes conocen al jurista encargado de escriturar el terreno a nombre de María Esperanza, llegaron al lugar para explicar a los delegados que la mujer era dueña legítima del inmueble y que por lo tanto no había problema de que se hicieran reparaciones.

Los delegados pidieron a las abogadas acudir a la Delegación de Santa Ana Tzacuala, pero al llegar fueron detenidas y, sin darles motivos, las encerraron en la celda de la cárcel comunitaria.

Mientras tanto, dos de los peones se fueron a sus casas a comer; María Estela Vargas y uno de los trabajadores, Bernardino Méndez Vargas y su esposa fueron invitados por María Esperanza a comer a la cocina de su casa.

Mientras comían llegaron al lugar policías comunitarios quienes sin darles ningún motivo los detuvieron y los metieron a la cárcel.

María Estela aseguró que en ningún momento les informaron el motivo de la detención. Algunos vecinos decidieron llevarles comida luego de enterarse la detección y le recomendaron que grabara un video para explicar su situación. "Una compañera se le ocurrió que yo grabara un video el cual subieron a redes sociales”, dijo la activista.

Al día siguiente fueron liberadas las dos abogadas y la esposa del peón, posteriormente, a las 13 horas del viernes, María Estela fue sacada de la celda y llevada a la Delegación Municipal donde los delegados la obligaron a firmar un acta informativa y después fue libertad en presencia de autoridades de municipales.

Con el acta informativa se hizo una denuncia ante el Ministerio Público, en la cual se le señala falsamente que ella, junto con las abogadas y los peones, habían ingresado a la casa de David Longino a causar daños con el fin de despojarlo de la casa.

También le exigieron 3 mil pesos de multa, los cuales se negó a pagar pero que fueron cubiertos por los representantes de la alcaldía de Acaxochitlán. Horas después fue liberado también Bernardino Méndez.

Fue el viernes cuando se presentó ante la CDHEH a interponer una denuncia penal ante la Procuraduría de Hidalgo por privación ilegal de la libertad y lo que resulte contra los cuatro delegados auxiliares de Santa Ana Tzacuala.

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