Tijuana, BC. En un operativo sorpresa, la Guardia Estatal de Seguridad (GES) -apoyada por la Guardia Nacional y encabezados por el Fiscal del Estado, Guillermo Ruiz- desarmó a la policía municipal de Playas de Rosarito e inició un proceso de verificación del armamento y equipo que usan en su trabajo cotidiano. Durante tres días, estiman las autoridades, se hará cargo el estado de la seguridad del municipio conurbado.

El operativo podría parecer de rutina, sino fuera por los incidentes en que se han visto involucrados los jefes policiacos del municipio conurbado a Tijuana en los últimos días.

El pasado 14 de agosto, frente a la Dirección de Seguridad Pública municipal atacaron con armas de fuego al jefe policiaco César Silva Ibáñez, quien se encontraba en servicio dentro de su patrulla. El policía resultó ileso porque la unidad BC-471-A1 tipo pick up de la marca RAM, está blindada. Esa fue la versión extraoficial de los hechos.

Aunque el ataque se dio frente a las instalaciones policiacas se dijo que no hubo videos. Al “repeler” la agresión, dice el reporte oficial, resultó herido un joven de 24 años, Giovanny “N”, con 5 disparos en la espalda.

Dos días después fueron privadas de la libertad en la colonia Alamos, en TIjuana, la hija, la esposa y la suegra del policía. Las cámaras de vigilancia captaron una Cherokee blanca. Y dos día después, las mujeres fueron liberadas.

Fuentes policiacas informaron que el operativo de este miércoles tiene por objetivo determinar quién operó el arma con la que se cometió una agresión ( no precisada) en los días previos al atentado contra el policía.

Cómo sino estuviera enrarecido el ambiente en la policía de Playas de Rosarito, este fin de semana, Jorge Alberto Pérez Crosthwaite, quien era jefe de escoltas del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Rosarito, Francisco Javier Arellano Ortiz, denunció que el jefe de la policía comercial, José Luis Villa García, tejió una red para extorsionar a los asistentes al Baja Bech Fest.

En la denuncia, con fecha del pasado 18 de agosto, se indica que los jefes policiacos utilizaron su jerarquía para exigirle que realizara extorsiones a los más de 20 mil visitantes en el primer fin de semana del evento masivo Baja Beach Fest, y el dinero recaudado tendría que llegar al titular de seguridad, a lo que Pérez Crosthwaite se negó y, derivado de ello, fue destituido como jefe de escoltas y le retiraron sus armas de cargo.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Rosarito, calificó como una “mentira” las declaraciones del agente. Villa García señalo que la denuncia será resuelta por las autoridades correspondientes.

El festival Baja Beach Fest, no solo llamó la atención a nivel nacional porque se realizó en plena cresta de la tercera ola del COVID, es muy popular entre la juventud fronteriza y deja una derrama económica importante en la región no solo por el hospedaje, consumo de alimentos y alcohol, sino también por el movimiento de drogas. Como explicó el Presidente López Obrador en su mañanera del martes pasado, el trasiego de fentanilo es un tema preocupante en Baja California. El reporte policiaco de hoy incluye la detención de un hombre con 10 mil pastillas de fentanilo, mientras circulaba por la libre Tijuana-Tecate.

La explicación oficial

El retiro de armas de cargo a policías de Rosarito es temporal y un protocolo rutinario, para la revisión de la licencia colectiva y por primera vez tomar la huella balística, explicaron la alcaldesa de ese municipio, Araceli Brown Figueredo, y el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández.

Luego de que durante la mañana de este miércoles se observara un operativo de militares y elementos de la Guardia Nacional y Estatal en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, la alcaldesa y el fiscal explicaron que es un procedimiento que debió hacerse hace tiempo.

Brown aseguró que aunque fue un operativo sorpresa, ella lo solicitó hace año y medio y confirmó que mientras se lleva a cabo el procedimiento -que podría prolongarse unos tres días-, los elementos federales y estatales se harán cargo de las tareas de prevención, vigilancia y seguridad.

Huella balística a registro nacional

El fiscal Ruiz Hernández calculó que 300 piezas -entre activas y en desuso que están en almacén- forman el banco de armas de Playas de Rosarito, a las que se les está revisando que sean parte del registro que tiene la licencia colectiva -cuya titularidad está en manos de la FGE- y la huella balística.

La huella balística o el rayado del armamento se incluirá en la base de datos nacional, información importante para que “no existan dudas cuando se solicita información respecto a cualquier arma que se usa para cualquier efecto”, refirió el funcionario; la alcaldesa reforzó que la certeza es saber quién disparó en cualquier circunstancia.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Arellano Ortiz, confirmó que es la primera vez que se hace una revisión y registro del rayado de las armas o huella balística, aunque es la cuarta vez en su gestión que se revisa el banco.

Además de la revisión de la licencia y las armas, también se está tomando la huella digital de los elementos policiacos.