Ciudad de México. Trabajadores de la Dirección General de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) protestaron por un despido masivo que consideran injustificado en ese organismo autónomo.
Se trata de 26 personas a quienes el enlace administrativo de esa área, Enrique Nicolás de Anda, les notificó vía telefónica que este lunes deberían presentarse en las oficinas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Según señaló Benjamín García al llegar a esas oficinas, los abogados de la CNDH Enrique Aranda y Eduardo Buitrón realizaron presiones al personal citado para “firmar dicha renuncia, para cobrar lo que se nos ofrece ya que si no firmamos habría represalias. Con este despido no sólo me han coartado la libertad de expresión sino también con esta acción de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se elimina el discurso de la defensa de los derechos humanos entre ellos la libertad y democracia sindical y laboral”.
Mediante un comunicado, a nombre de los afectados, señalaron que una vez en ese sitio fueron informados de la lista de trabajadores a quienes la CNDH despidió injustificadamente, según la protesta que difundieron.
La CNDH informó que desde el pasado viernes se alcanzó un acuerdo con 26 trabajadores, para finiquitar la relación laboral procediéndose a la indeminizacióin. El acuerdo fue fundado y motivado con disposiciones constitucionales y en la Ley Orgánica de la CNDH
Entre tanto, Edgar Sánchez, a nombre de los trabajadores despedidos, dijo que el motivo central del cese fue la construcción de un sindicato al interior de la CNDH. Conforme avanzó y extendió la idea de integrar este organismo sindical -en el que ya participaban, según dijo, alrededor de 150 trabajadores -, la CNDH procedió a cesar a 26 trabajadores que “fueron presionados y coaccionados” para firmar el finiquito.
Explicó que fueron advertidos de que en esa primer encuentro en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje les ofrecieron la liquidación al cien por ciento y el pago de los días de la quincena laborados. Se les advirtió que de no aceptarlo, en un proceso legal ya no se les ofrecería el cien por ciento de liquidación, por lo que, ante las condiciones económicas y sanitarias que prevalecen la gran mayoría aceptó la liquidación.
