Ciudad de México. El Fondo Monetario Internacional (FMI) envía hoy a sus países miembros una asignación de derechos especiales de giro (DEG), un activo de reserva internacional que el gobierno mexicano busca usar para el pago de deuda. A México corresponde lo equivalente a poco más de 12 mil millones de dólares, recursos que a su vez representan casi una tercera parte del costo financiero de la deuda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima para el próximo año.

Analistas financieros coincidieron en que el gobierno puede usar esos recursos para remplazar deuda o disminuir los intereses que se generan. Sin embargo, las divergencias inician en el cómo Hacienda puede hacerse de estos recursos, que de inicio tienen como destino el Banco de México (BdeM), y sólo éste tiene la facultad para cambiarlos por alguna moneda de uso internacional.

Los fondos podrían llegar directamente a la SHCP si hay un acuerdo previo con el banco central y el FMI, explicaron por separado Marco Oviedo, ex funcionario de Hacienda durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, y Andrés Arauz, ex ministro de Estado en Ecuador, autor de una guía contable y jurídica para que los países usen los DEG con fines fiscales.

Por el contrario, Raymundo Tenorio, académico del Tecnológico de Monterrey, recalcó que el gobierno federal puede usar los recursos, pero no sin antes comprarlos al BdeM como en cualquier operación cambiaria. En un sentido similar se pronunció Alejandro Díaz de León, gobernador del banco central, en una entrevista a Bloomberg.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se buscaría usar la asignación para el pago de la deuda, Díaz de León comentó que los DEG no son una donación, sino un activo que se contabiliza como reserva internacional. Por tanto, como ocurre con toda moneda extranjera que se pretende obtener del banco central, el gobierno debe comprar su equivalente a precios de mercado.

Los DEG son un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI. No son recursos líquidos, pero pueden intercambiarse por dólares, euros, renminbi, yenes y libras. Los bancos centrales pueden ofrecer a otros una permuta de DEG por alguna de las monedas ya mencionadas. También pueden usarse para el pago de obligaciones con el FMI e incluso en 2009, cuando se hizo una emisión casi tres veces menor, algunos países los usaron con fines fiscales.

En México, al ser los DEG un activo que se contabiliza como reserva internacional, el debate ha virado en si el gobierno federal puede usar esos recursos. La última palabra la tiene Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y presidente de la Comisión de Cambios, instancia bipartita que, de acuerdo con la ley, es la única facultada para decidir sobre el uso de las reservas internacionales.

Debate sobre su destino

Tenorio recalcó que las reservas internacionales no son del pueblo, son divisas que al final del día se tienen que comprar para respaldar operaciones internacionales. Y al igual que una persona o empresa para obtener un dólar debe entregar lo equivalente en pesos, el gobierno federal debe hacer lo propio para tener acceso a los más de 12 mil millones de dólares que se asignarán a México con base en sus cuotas al FMI.

Fuentes del BdeM explicaron que, incluso en este escenario, que el gobierno federal entregue pesos para la compra de dólares, se puede usar un tipo de cambio FIX u otro costo preferencial para la operación. Agregaron que los recursos podrían ser de más utilidad si se llevan al pago de la deuda de Petróleos Mexicanos y no tanto a obligaciones externas negociadas a 20, 30 o incluso 50 años.

Sin embargo, incluso si la única ganancia es en el costo financiero de la deuda, la reducción va sobre un gasto que cada año rebasa lo ejercido en salud. Tan sólo para 2021 se estima que los intereses y los costos de administrar deuda alcancen 717 mil 961.9 millones de pesos. En el segundo trimestre del año las obligaciones internas se pagaron arriba de 5 por ciento y las externas de 4 por ciento, muestran los informes de finanzas públicas.

Los DEG pagan una cuota de administración de 0.05 por ciento, explicó Arauz. Es decir, 100 veces menor que las tasas actuales. Incluso, el ex ministro ecuatoriano ha reiterado que no hay ninguna obligación de que el capital se compre a los bancos centrales, dado que el Convenio Constitutivo del FMI atribuye la tenencia de los DEG a los países. En ese sentido, los activos le pertenecen al país; que por legislación Hacienda le encargue su administración al Banco de México, es diferente, dijo.

Un documento del FMI que acompaña a la emisión de este 23 de agosto esboza varios usos para los DEG. Dada la naturaleza excepcional del impacto del Covid-19, llama a los países a decidir sobre los activos con flexibilidad y rapidez, que se evalúe la suficiencia de las reservas, la disponibilidad de espacio de política fiscal y monetaria, la sostenibilidad de la deuda interna y externa, así como la estabilidad financiera y las restricciones financieras.

Por su parte, Oviedo, también ex economista en jefe para América Latina de Barclays, explicó la operación final neta de intercambiar pasivos por activos contables en el balance del Banco de México. Los pesos son un pasivo del banco central, que tendría que hacer coincidir con otro activo, ya sean estos bondes, que se usan para ajustar la cantidad de dinero que hay en la economía, y ahí quedaría todo cuadrado, detalló.

Al final se tiene que llegar a un acuerdo entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda por conducto de la Comisión de Cambios, instancia bipartita integrada por seis funcionarios, tres de cada institución. Hacienda tiene el voto de calidad, pero yo creo que si lo quieren hacer bien, el banco central tiene que estar de acuerdo, reiteró.

El debate que levantó el uso apropiado de los DEG atiende a dos razones, consideró Arauz. La primera puramente dogmática, no querer entender que se puede crear dinero a nivel internacional y dárselo a los países; y la otra es el poder del capital financiero. Si es que la Secretaría de Hacienda tiene de repente 12 mil millones de dólares de la nada, el poder de negociación que tiene el capital financiero frente a los gobierno disminuye.