Ciudad de México. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), conformado por 43 organizaciones de la sociedad civil, expresó su beneplácito por la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el estado de Sonora, emitida hoy por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

La declaratoria fue solicitada el 26 de junio de 2019, por la organización Justicia Pro Persona y el OCNF, a través de Ana Yeli Pérez Garrido, representante legal de Justicia Pro Persona, María de la Luz Estrada Mendoza, Coordinadora Ejecutiva del OCNF y Silvia Núñez Esquer, representante en Sonora del OCNF, quienes solicitaron que la AVGM se declarara en los municipios de Hermosillo, Nogales, Cajeme, San Luis del Río Colorado, Guaymas y Empalme debido a la problemática de feminicidios y desaparición.

El OCNF recordó que “ante la brutalidad en los asesinatos de mujeres en el municipio de Cajeme el 25 de mayo de 2015, la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género, solicitó la AVGM en este municipio. Sin embargo, en 2017 el Grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de AVGM en el estado, determinó no decretar la alerta”. Asimismo, destacó que también ha sido solicitada la declaratoria de AVGM por agravio comparado, sin embargo esta se encuentra pendiente de resolución.

“Después de dos años, un mes, y 23 días de haber solicitado la AVGM por las problemáticas de feminicidio y desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, hoy desde el gobierno federal se reconoce la necesidad de impulsar a nivel estatal y municipal, acciones que contribuyan a erradicar la violencia feminicida en los seis municipios declarados”.

La Declaratoria establece que en Sonora, la Fiscalía General del Estado informó que de 2018 a 2020 fueron asesinadas 269 mujeres y niñas, sólo 105 casos se investigaron como feminicidio.

“Cifras más recientes, publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que de enero a junio del 2021 han sido asesinadas 73 mujeres y niñas, sólo 22 casos se investigan como feminicidio.

“De los 105 casos de feminicidio cometidos entres 2018 y 2020, la autoridad informó que 31 casos fueron investigados bajo la circunstancia IV Feminicidio cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 21 casos investigados bajo la Circunstancia VII Feminicidio cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto y 18 casos fueron investigados bajo la circunstancia II Feminicidio con lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, lo que evidencia la diversidad de los actores que participen en el asesinato de las mujeres y la posibilidad de actores criminales”.

Destacó que el reciente feminicidio de Aranza Ramos “debe servir para que el estado cuente con una política de prevención de la violencia feminicida y desaparición de personas. Aranza era una mujer que buscaba a su esposo desaparecido desde el 6 de diciembre de 2020, saliendo a campo con diversos colectivos de búsqueda de Sonora, fue silenciada para siempre con la mayor libertad como sucede todos los días en el estado”.

Sobre las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en el estado, las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora, refieren que “del 2015 al 2020 desaparecieron dos mil 726 niñas, mujeres y adolescentes. Los municipios que reportaron mayor número de desapariciones son Hermosillo (782), Cajeme (402), Nogales (495), San Luis Río Colorado (150) y Navojoa (116).

“En cuanto a la edad de las mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en el estado de Sonora, la autoridad informó que 773 tenían entre 15 y 17 años y 602 tenían entre 10 y 14 años, mientras que en 422 casos no se especificó la edad. De acuerdo a la información de la autoridad, del total de mujeres y niñas desaparecidas en el periodo anteriormente señalado, están pendientes de localizar 683”.

Como organizaciones peticionarias, el OCNF y Justicia Pro Persona propusieron establcer diversas medidas, alguna de las cuales fueron consideradas en la AVGM, señaló Estrada Mendoza a La Jornada.

Originalmente las agrupaciones propusieron la realización de un diagnóstico sobre la problemática de las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en la entidad, que considere los patrones, las zonas de mayor incidencia y de riesgo para las mujeres, correlación con el crimen organizado entre, otras problemáticas afines a ésta.

También la creación de la fiscalía especializada en materia de delitos de género que incorpore los delitos de trata, desapariciones y feminicidios de la cual dependa la Unidad de Análisis de Contexto, garantizando las capacidades de recursos humanos, técnicos y materiales para su funcionamiento.

Así mismo pidieron fortalecer la Unidad de Análisis de Contexto, la cual debe conformarse por un equipo multidisciplinario de profesionales, analistas y técnicos con perspectiva de género y conocimientos especializados.

Ello para que realicen informes de análisis y contexto que incorporen a la investigación los elementos sociológicos, antropológicos y de criminología, que permitan develar patrones del delito, prácticas y modus operandi, asociación de casos similares, enfoques diferenciales que se requieran, perfiles de los victimarios, mapas de localización, concentración y tipología delictiva, así como mapas de vínculos de alta complejidad que identifiquen tendencias en la actividad criminal, a fin de fortalecer las investigaciones de feminicidios, homicidios dolosos, desapariciones de niñas y mujeres y su vínculo con otras dinámicas delictivas relacionadas con la violencia contra las mujeres.

La conformación de las células de búsqueda inmediata en las instancias de seguridad pública, que operen en los municipios, especialmente en aquellos que presentan altos índices en materia de desaparición. Dichas células de búsqueda deben estar capacitadas en la implementación del Protocolo Alba, contexto delincuencial en la entidad, desde una perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.

Así mismo dotar de recursos humanos y profesionales a la Comisión de Búsqueda, que permita el cumplimiento de las acciones en materia de búsqueda y localización, desde una perspectiva de género .

Sugirieron fortalecer la implementación del Protocolo Alba y el funcionamiento de su Comité de seguimiento, en el que se establezca la coordinación interinstitucional entre la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda, los cuerpos de seguridad estatales, municipales y federales, y otras instancias gubernamentales, para la búsqueda, localización y atención de las mujeres y niñas desaparecidas, así como para la investigación efectiva de las conductas delictivas asociadas.

Demandaron instalar un mecanismo de identificación forense que se coordine con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y fortalecer las investigaciones de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, conforme a los estándares de investigación de las sentencias de Campo Algodonero y Mariana Lima Buendía.

De igual forma establecer un mecanismo de monitoreo que supervise que las investigaciones y procesos judiciales de muertes violentas y desaparición de niñas y mujeres se lleven a cabo con los más altos estándares de debida diligencia, perspectiva de género y protección de los derechos de las víctimas.

Crear un programa de atención integral para víctimas indirectas, en especial para hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición, que incluya asistencia para alimentos, salud, educación y los lineamientos para la reparación integral del daño e iniciar el proceso de nombramiento de la persona titular de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, dejando el poder ejecutivo verdadera libertad e independencia al poder legislativo para elegir a la persona titular.

Remarcaron que esas 11 medidas son “prioritarias y contribuirían de manera sustancial a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” y consideraron necesario que “a la brevedad el gobierno del estado de Sonora haga público el plan de trabajo que impulsará para la implementación de las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación, a fin de que desde la ciudadanía y organizaciones civiles conozcamos el estatus de cada una de las medidas”.

Hicieron hincapié en que “desde el OCNF estaremos atentas de las acciones que se implemente y del cumplimiento cabal de la declaratoria”.